Además de ingeniero metalúrgico, Ignacio García, el presidente de la comisión de investigación de los ERE, parlamentario de IU, es profesor de matemáticas. Un químico diría que ahora debe componer una emulsión de componentes tan difíciles de ligar como el agua, el aceite y el vinagre, aunque por su condición de matemático más bien hablaríamos de hallar la intersección de tres conjuntos o el mínimo común múltiplo de tres informes bien diferentes. Casi divergentes. Hablamos del dictamen de la comisión, que él deberá elaborar ahora con la asistencia del letrado de la Cámara Plácido Fernández Viagas, y en base a esas propuestas -los tres conjuntos o el agua, el aceite y el vinagre- que entregaron el viernes pasado el PP, PSOE e IU. La propuesta de dictamen debe estar preparada a finales de la semana entrante para ser presentada a la comisión y, una vez aprobada con sus correspondientes votos particulares, que los habrá, será sometida al pleno del Parlamento en la última semana de este noviembre.

El portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, ha acusado a IU de pasar de ser "el fiscal" de este caso a "ser el defensor de Griñán" y de cargar con la "corrupción" del PSOE para mantener a su formación en el Gobierno de coalición, pero los socialistas, sin embargo, no esperaban un dictamen como el presentado por quienes antes eran sus oponentes y ahora forman parte del mismo Ejecutivo andaluz. Sólo una lectura detallada de los tres informes permite observar que, a pesar de que el PP esperaba que IU fuera más allá de responsabilizar a la cúpula de la Consejería de Empleo, estos dos partidos coinciden en muchos aspectos, lo que indudablemente tendrá que verse reflejado en el dictamen final que vota al Parlamento. Y a pesar de que el PP, cuya propuesta es la más técnica y detallada, mantenga que IU se "ha vendido" por los sillones del Gobierno andaluz, lo cierto es que los socialistas tampoco andan contentos con las valoraciones de la federación de izquierda.

PP e IU coinciden en responsabilizar, políticamente, del caso de los ERE a dos ex consejeros de Empleo de la Junta: el actual diputado nacional José Antonio Viera, y a Antonio Fernández, que ya no es militante del PSOE, y, además, al ex viceconsejero Agustín Barberá, además del director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el hombre que manejó durante nueve años los 732,2 millones de euros de estas ayudas sociolaborales que se entregaban a trabajadores afectados por ERE y a empresas. El coste final del programa, el llamado 31L, es de 1.217 millones, ya que Guerrero dio ayudas para las que no había cobertura presupuestaria, y ello se tradujo en varios cientos de millones de euros más.

Este es uno de los mínimos común del PP e IU que no ha sentado bien al PSOE, en especial porque se señala a Fernández, Viera y Agustín Barberá. No es que el PP se quede ahí, responsabiliza al presidente Griñán y a su antecesor Manuel Chaves, además de a 14 políticos más para los que pide sus dimisiones, pero esas coincidencias llevarán, según varias fuentes consultadas, a que el dictamen que apruebe el Parlamento responsabilice a toda la cúpula de Empleo. El PSOE difiere. Según explicó ayer el vicesecretario general socialista, Mario Jiménez, el PSOE respeta el dictamen de IU, pero no lo comparte, porque considera que Francisco Javier Guerrero es el único responsable político, algo que le será muy difícil de sostener frente al resto de grupos y cuya observación deberá ir en un voto particular.

No obstante, sobre José Antonio Viera hay una declaración en la comisión de investigación que dejó sorprendidos a todos los miembros, incluidos los socialistas, y que IU se ha encargado de resaltar en su dictamen. A Viera, que fue hasta hace unos meses el secretario provincial del PSOE en Sevilla y que está ligado a la comarca de la Sierra Norte de este territorio, le preguntaron por qué este lugar concentraba tantas ayudas. De las 122 que se otorgaron a empresas -algunas de ellas inexistentes- 80 eran de Sevilla, y 54 de éstas, de la Sierra Norte. En total, este tipo de ayudas, diferente a las rentas que se les entregaban a los llamados prejubilados de los ERE, se dotaron con 141 millones de euros, de los que Sevilla fue la estrella. Pues bien, cuando a Viera se le interrogó sobre ello, contestó que "si era cierto que en la Dirección General de Empleo había una preocupación especial por la Sierra Norte de Sevilla, otras direcciones generales u otras áreas del Gobierno se preocupaban de favorecer a otras zonas".

Es decir, que de lo declarado por Viera se puede deducir que cada consejero se ocupaba de su provincia con más arbitrariedad que discrecionalidad, un hábito que llevaría a entender mucho de lo sucedido con estas ayudas sociolaborales. Guerrero, por ejemplo, fue alcalde de El Pedroso, en la Sierra Norte, antes de convertirse en director general de Trabajo en 1999, y la primera ayuda que concedió con cargo al Convenio Marco de los ERE fue al ya ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla. El acuerdo, entre el IFA y la Consejería de Empleo, se firmó el 17 de julio de 2001 para atender a ex trabajadores y empresas en situaciones de riesgo, y el mismo 18 de julio ya se firmó el acuerdo con empresas de este ex regidor socialista.

IU ha señalado responsables políticos, pero no ha solicitado dimisiones que, en el caso de Viera, lo sería ya de diputado nacional, un ámbito distinto al andaluz. No obstante, habrá que esperar a ver si IU solicita la dimisión de Viera, aunque no figure en el dictamen. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, fue preguntada ayer por ello, y contestó: "No puedo valorar las decisiones de Izquierda Unida ni voy a hablar de futuribles, cuando se pida una revocación, si se pide, me vuelven a preguntar".

El problema para Viera es que, a diferencia de los otros tres señalados, no está imputado por la juez que instruye el caso penal; se trata de un diputado, y su causa debería pasar al Tribunal Supremo. La Guardia Civil, en su función de Policía Judicial, mantiene una investigación abierta sobre este asunto por si se pudieran derivar indicios de imputación, lo que, según algunos juristas consultados, ya debería bastar para haber mandado este caso, o una parte de ello, al Supremo.

Pero las coincidencias entre IU y el PP no sólo se reducen a las responsabilidades políticas que ambos partidos aprecian en la Consejería de Empleo, sino que hay una crítica a buena parte de los Gobiernos desde 2001 a 2010. La del PP, extrema; la de IU, matizada.

Digamos que IU se cuida de no señalar por sus nombres a otros consejeros o viceconsejeros; no llega a formular hechos probados ni a solicitar dimisiones como hace el PP; ni considera las ayudas como la expresión de una trama general, pero sí coincide con los populares en la teoría de los "departamentos estancos" o la "habitación del pánico". El primer término es de IU, el segundo, del PP, y con ello se refieren a que el Gobierno andaluz, o al menos esa impresión dieron los comparecientes en la comisión, se componía de consejeros que no sabían nada de otras Consejerías e, incluso, responsables de éstas cuyos directores generales eran una suerte de soberanos que actuaban por su cuenta sin que nadie supiera nada.

A diferencia del PP, IU sí señala en varias ocasiones a la Intervención General, cuyo titular en casi todo el período investigado, Manuel Gómez, reveló en 2005 en un informe tildado por él de especial que la Dirección General de Empleo enviaba al Instituto Andaluz de Fomento (IFA, y después IDEA) órdenes de pago de ayudas sin ningún procedimiento reglado e incurriendo en desfases presupuestarios. IU mantiene que el interventor debió elevar un informe más grave, el llamado de actuación, la línea roja de respuesta, y que las consejerías que recibieron los avisos -Empleo, que era la afectada; Innovación, al controlar al IFA, y Hacienda, donde rigieron, primero, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, después- debieron adoptar medidas. "Desafortunadamente", cita IU, no se hizo, lo que no implica, en opinión de este grupo, que se demostrara el conocimiento de las irregularidades.

La cita, sin embargo, es importante, por cuanto en la Consejería de Hacienda estuvieron Griñán, y como su viceconsejera, la actual consejera Carmen Martínez Aguayo. Ahora se verá si Ignacio García sigue manteniendo estos señalamientos, que si bien no son un dedo acusador contra el Gobierno o Griñán, sí son una suerte de dedito en el ojo. El PSOE ha venido aceptando casi todas las peticiones de IU a lo largo de este mandato -la creación de la comisión de los ERE, las comparecencias públicas de Griñán y de Manuel Chaves y la modificación del primer plan de equilibrio financiero-, y bien parece que ello no le perjudica. Algunas de las primeras encuestas que se están realizando en Andalucía después de las elecciones autonómicas indican que IU está creciendo en electores, aunque al PSOE le pasa lo mismo: no con tanta intensidad, pero es posible que ya haya superado al PP en intención de voto. Si es así, el pacto puede revelarse como una suerte de simbiosis, donde el PSOE, además de gobernar, intenta poner tierra de por medio con su pasado inmediato en Andalucía, con los llamados socialistas del Antiguo Testamento, aunque sus socios, de vez en cuando, le metan el dedito en el ojo.