La última sorpresa de Alaya antes de irse de vacaciones es la imputación de otras 23 personas en la causa de los ERE fraudulentos y entre las que destacan dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos relacionados con el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. Con esta decisión ya son 116 los imputados en la causa, de los que más de la mitad -en concreto 73 personas- aún no han prestado declaración y eso a pesar de que algunos llevan ya varios años imputados en la macrocausa.

El auto de la juez Mercedes Alaya tiene fecha del 31 de julio y en el mismo la magistrada ha acordado instruir del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a otras 23 personas, entre empresarios e intrusos, que figuran en otros cinco atestados remitidos al juzgado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos informes están relacionados con los ERE de las empresas Surcolor, Intersur, Cespa, matadero de Fuente Obejuna y el hotel Cervantes. Entre los nuevos imputados están los empresarios Javier y Pablo Ruiz-Mateos, precisamente por su intervención en las ayudas al ERE de este hotel.

En marzo pasado, cuando la instructora envió a prisión al ex sindicalista y supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández la juez ya puso de manifiesto que la investigación de la Guardia Civil había revelado las relaciones de Lanzas con el grupo Nueva Rumasa, por cuanto durante cinco o seis años el conseguidor se habría encargado de que "en escasos meses" se aprobaran cinco ERE para empresas de este grupo.

Por cada ERE, Lanzas habría percibido 600.000 euros en concepto de comisiones, lo que hacía un total de tres millones de euros. Los directores de estas empresas, según Alaya, eran responsables del pago de esas mordidas, salvo en el caso del hotel Cervantes, cuyo pago se efectuó en la propia vivienda de la familia Ruiz-Mateos mediante "sobres semanales o quincenales" de 20.000 o 25.000 euros, que se pagaban en billetes de 500 euros. Esta información, corroborada mediante correos electrónicos, acreditaría que Juan Lanzas habría recibido de Nueva Rumasa unos 139.900 euros en metálico de esas comisiones.

La familia Ruiz-Mateos defendió entonces que la Junta de Andalucía había aprobado los Expedientes de Regulación de Empleo que Nueva Rumasa llevó a cabo en la comunidad autónoma, por lo que estos procesos se acogieron "perfectamente" a la legalidad y se realizaron sin "ningún tipo de irregularidad". Rumasa llevó a cabo cinco ERE en cuatro compañías del grupo, como Dhul en Granada, donde se hicieron dos; en las bodegas Garvey y Zoilo Ruiz-Mateos (Jerez), y en el hotel Cervantes. Estos ERE se realizaron para rejuvenecer las plantillas de cada compañía y, según los empresarios, se sustituyó íntegramente al personal que se prejubilaba.

Alaya ha dado traslado de los nuevos atestados a las partes personadas, pero al estar los procuradores de vacaciones muchos no lo han recibido aún y no lo harán hasta septiembre próximo.