Pagos de diversas cantidades de dinero en metálico, copiosas comidas en restaurantes, contratación de asesores, obligatoriedad de llegar a acuerdos con empresas constructoras para la ejecución de las obras y compra de caballos de pura raza conformaron el grueso de exigencias que algunos concejales socialistas pusieron encima de la mesa, durante el trienio 2008-2011, para que el empresario sevillano Vicente Moreno pudiera ver desbloqueado los nudos burocráticos que le impedían construir 80 viviendas en otras tantas parcelas del Plan Parcial de la Calle Santa Olalla, en la aldea de El Rocío.

"No tengo ya nada que perder porque me han arruinado", se sincera Moreno, que asegura haber perdido el trabajo de toda una vida y sus recursos en dicho proyecto empresarial. En declaraciones a esta redacción, sus acusaciones tienen nombres y apellidos, datos concretos y personas que, en algunos casos, pueden corroborar sus afirmaciones.

Además de los gastos técnicos inherentes a un proyecto inmobiliario de esta envergadura, el empresario insiste en que tuvo que hacer frente a los costes que sistemáticamente le proponían unos representantes públicos que "quisieron sacar tajada" de su actividad como administrador único de la promotora Vitemo SL. El ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento y presidente de la hoy extinta empresa Municipal de la Vivienda (Emvial), Manuel Vázquez, "fue el precursor de toda esta suerte de imposiciones, llegando a pedirme en diversas ocasiones dinero en metálico y seis caballos de pura raza para su pareja, que se dedicaba a la ganadería". Una petición que se realizó "en presencia de testigos".

Moreno reconoce que, en un primer momento, accedió a este chantaje, si bien al día siguiente Vázquez cambió sus prioridades y le reclamó el dinero en metálico, ya que "me dijo que la manutención de los sementales era elevada. Fue esta última petición a la que me negué y en su lugar me emplazó a que le edificara un establo en un solar que su madre poseía en Almonte y donde podría meter los equinos". Estas peticiones no se llegaron a materializar, si bien, en su defecto, Vázquez le reclamó "pagos en metálico por valor de 20.000 euros, cantidad que no puedo demostrar que entregué y que a día de hoy doy por perdida". El anterior alcalde socialista, Francisco Bella, no llevó a dicho edil en las listas electorales del 2011, apartándole así de la vida pública.

Moreno insiste en que los concejales del PSOE le mostraron "su naturaleza pedigüeña" desde un principio. Nada más ganar el concurso público para la construcción de las viviendas en El Rocío "se me indicó que es costumbre comer juntos para celebrar la concesión de los derechos de las parcelas". Huelga decir que el brindis corrió a cuenta del empresario. "En el Restaurante los Pepes en Matalascañas se agenció una larga comitiva municipal, no diré si hubo jamón o mariscos, pero sí que se comió bien", afirma.

El empresario indica que algunos responsables públicos también tenían interés en marcar qué empresas podían encargarse de la construcción de las casas. Para ello el concejal de Urbanismo, Agustín Periañez, le invitó a firmar con la almonteña Domber SL, gestionada por Juan Antonio Domínguez Bejarano. Para ello suscribió un contrato por valor de 896.000 euros y según su versión Vitemo procedió al pago a la constructora de un adelanto de 30.000 euros que, a pesar de no haberse iniciado las obras, "no me han sido devueltos".

Los contratiempos no acabaron aquí. El Ayuntamiento decidió modificar todo el Plan Parcial Santa Olalla Sur para dar cobertura a una vivienda que había incumplido el planeamiento municipal e invadía una vía pública. Bella y su equipo prefirieron modificar y retranquear todo el Plan para encajar esa vivienda, retrasando durante dos años sus planes de urbanización e impidiendo de forma indirecta la posibilidad de construir en la zona.

Las obras nunca llegaron a ejecutarse. Según denuncia Moreno el Ayuntamiento "nunca terminó de urbanizar ni consolidar el terreno", si bien ello no fue óbice para que las arcas municipales se "apropiaran" de 49.052 euros que abonó el 10 de febrero de 2010 en concepto de licencia de obra. Ese pago tendría que haber dado paso al inicio de la construcción de las primeras 16 viviendas, una vez que el gobierno municipal de Francisco Bella aceptó que el proyecto inmobiliario se ejecutase por fases. En total, cinco años viviendo un infierno.

Un lustro tras el cual está arruinado, desmoralizado y vilipendiando por una clase política que, insiste, "ha utilizado la gestión pública para lucro e interés personal". El empresario explica que la operación "ha estado cargada de irregularidades desde sus mismos cimientos".