Un acuerdo 'secreto' del Parlamento andaluz subió el sueldo de los diputados en 2013

Un pacto sin publicidad de la Mesa del Parlamento permitió a todos los parlamentarios dejar de pagar cotizaciones sociales e incrementar sus retribuciones. Rectificaron un año más tarde.

Un acuerdo 'secreto' del Parlamento andaluz subió el sueldo de los diputados en 2013
Un acuerdo 'secreto' del Parlamento andaluz subió el sueldo de los diputados en 2013
Antonio Fuentes, Sevilla

18 de marzo 2015 - 05:04

En febrero de 2013, la Mesa del Parlamento de Andalucía acordó sin publicidad alguna que la institución comenzase a pagar con sus propios fondos la cuota obrera de la Seguridad Social a los 109 diputados y, de esta manera, los parlamentarios aumentaron sus retribuciones individuales al no ver descontada de su nómina este porcentaje, del 4,8%, unos 170 euros mensuales.

Apenas tres meses antes, en diciembre, los diputados habían renunciado a cobrar la paga extra "en solidaridad" con los recortes salariales a los empleados públicos y rebajaron su sueldo para el año entrante. Con la decisión inédita de la Mesa de dejar de retener la cuota de la Seguridad Social y hacerse cargo de la cotización con sus propios fondos, los diputados aminoraron el impacto salarial de unos recortes salariales que padecieron en su totalidad otros cargos de la Administración y los trabajadores públicos.

Si la eliminación de una paga extra les supuso a los diputados un recorte de entre un 4,23% hasta un 5,90% y las retribuciones para el año entrante se recortaron un 3%, los parlamentarios compensaron esta merma con la decisión de que la Cámara pagase las cotizaciones sociales. El sueldo base de un diputado andaluz se quedó en 3.020,29 euros al mes, a lo que hay añadir complementos, como mínimo, de 800 euros mensuales para todos.

Se da la circunstancia de que un mes después, el 20 de marzo de 2013, la Mesa del Parlamento, constituida por los tres grupos con representación parlamentaria (PP, PSOE e IU), aprobó una subida de las dietas para el presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, y los portavoces adjuntos, uno por cada grupo, por unos 400 euros más al mes.

La publicación a finales de mayo de ese año por parte de los periódicos del Grupo Joly de este acuerdo obligó a los grupos a rectificar en cuestión de horas y dar marcha atrás devolviendo lo ingresado. Esta redacción solicitó el acceso a las actas de este acuerdo de la Mesa del Parlamento y de la reunión previa de la Junta de Portavoces, sin éxito, al justificarse que las reuniones de la Mesa son secretas y las actas inaccesibles para los medios de comunicación. Nunca se informó por tanto de que, en paralelo, la Mesa del Parlamento había tomado la decisión de hacerse cargo de estas cuotas con la justificación, según aportan ex miembros de la Mesa, de que otras cámaras autonómicas o el propio Congreso incluyen este beneficio para sus miembros. No hubo por tanto información pese a que se sucedieron los pronunciamientos sobre la transparencia.

Esta dispensa de pagar las cuotas se mantuvo durante 14 nóminas hasta que el 14 de mayo de 2014, por motivos desconocidos, la Mesa del Parlamento acordó revocar el acuerdo. A partir de esa nómina los diputados comienzan a devolver lo que han dejado de cotizar individualmente pero, en lugar de una vez, lo hacen de manera prorrateada en los sucesivos meses bajo la denominación de "regularización de Seguridad Social". Pagan unos 86 euros al mes de la parte de los complementos (el sueldo base sigue en 3.020,89 euros), además de los 170 euros que les corresponden. No devuelven sin embargo lo abonado en 2013 por "motivos técnicos".

Tanto el acuerdo que permite este beneficio, como su revocación, fue ratificado por los tres grupos en la Cámara, ya que todos los acuerdos económicos y de Gobierno interior se toman por unanimidad.

El Parlamento andaluz señaló ayer que el acuerdo es legal, consideró que la decisión se adoptó ya que los diputados no son propiamente trabajadores por cuenta ajena, por lo que, por ejemplo, no gozan de sus derechos por desempleo o incapacidad temporal y tomando como referencia la regulación y práctica seguida en las Cortes Generales. Las mismas fuentes añadieron que se dio marcha atrás "simplemente por clarificación, ante una posible mala interpretación de la decisión, volviéndose a lo que había sido práctica en este Parlamento".

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