La Junta se ha marcado como objetivo cerrar esta legislatura con un gasto en sanidad equivalente al 6,5% del PIB, lo que supondría unos 500 millones de euros más en el Presupuesto para este tipo de políticas. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, presentó ayer en el Foro Joly los trazos de la nueva ley de sostenibilidad del sistema público de salud, un texto que garantiza una financiación adecuada y que se estima en el 6,5%. En la actualidad, Andalucía destina a sus sistema el 6,2%, por encima de los datos de Madrid o de Cataluña, aunque el gasto ha venido bajando durante los años de crisis en un contexto general de restricciones presupuestarias. Sirva como ejemplo que, desde 2009, España invierte ahora 10.000 millones de euros menos. No obstante, el consejero sostuvo que la atención sanitaria no se ha deteriorado en Andalucía. "Todos hemos sufrido la crisis, y los trabajadores del sector también, pero no diría que la atención ha empeorado", explicó Alonso en este foro patrocinado por Biogen.

El consejero de Salud estuvo acompañado por cuatro compañeros del Consejo de Gobierno: María José Sánchez, titular de Igualdad y Políticas Sociales; Adelaida de la Calle, consejera de Educación; Antonio Ramírez de Arellano, de Economía, y Felipe López, de Fomento y Vivienda. Aquilino Alonso presentó esta ley -aún en fase de consulta pública- el día que se conoció el acuerdo presupuestario en el Parlamento que hará posible el primer incremento notable del presupuesto de sanidad desde que comenzó la crisis. La Consejería verá aumentado su gasto en 2016 en algo más del 3%. Es el departamento mejor dotado de la Junta.

Como mantuvo el consejero, buena parte del ajuste en salud lo encajó su personal. Cerca de 3.000 eventuales públicos recuperarán ahora el 25% que le faltaba para completar la jornada y el sueldo equivalente. Esta reducción se llevó a cabo en 2012. En vez de recortar la plantilla de acuerdo con la reducción de gastos, la Consejería de Salud optó por reducir la jornada de los eventuales, la mayor parte de ellos considerados estructurales porque van encajando un contrato tras otro. A partir del 1 de enero de 2016, ya no habrá más contratos por el 75% de la jornada. Los trabajadores afectados fueron unos 10.000, de los que aún quedaban 3.000.

El Gobierno enviará al Parlamento a principios de año la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, un texto que nace de la necesidad de blindar el sistema ante el viraje restrictivo que supuso el real decreto 16/2012, que instaló el copago en España y expulsó a los inmigrantes sin papeles. El texto andaluz impide el copago, la privatización de los servicios, garantiza la universalidad y asegura una financiación adecuada para el sistema público de salud. El consejero negó que la ley fuese una acción defensiva: "Más bien es ofensiva, de respuesta".

La ley también nace con el objetivo de implicar a todo un sector, que en el caso de la sanidad, entre profesionales y usuarios, se extiende a toda la sociedad. Unas mil personas trabajan en la actualidad en este proyecto de ley, de tal modo que el blindaje del sistema también se está buscando mediante el consenso social. A lo largo de 2016, el proyecto se verá en el Parlamento para que sea aprobado ese mismo año. El Gobierno también buscará el apoyo de los otro cuatro grupos políticos del Parlamento.

Sobre la compatibilización de medicina privada y sector público, el consejero explicó que ya es factible si se cumplen los requisitos legales, aunque en algunos niveles de responsabilidad "no es aconsejable". Recientemente, el SAS ha expedientado a varios profesionales que trabajaban en el sector privado, pero porque no habían tramitado el permiso que debe darle la Consejería. Cuestionado por la construcción de un tercer hospital en Málaga, el consejero andaluz de Salud prioriza en estos casos la garantía de asistencia sanitaria y finalizar las obras empezadas. En cuanto a la subasta de medicamentos y su judicialización, manifestó que su recorrido en los tribunales "es ya muy pequeño", pues "más pronto que tarde tendremos una sentencia del Supremo que nos dará la razón".

Alonso sostuvo que las listas de espera quirúrgicas son 30 días más cortas en su mayor parte que en el resto del país, aunque se sigue trabajando en reducir los tiempos. Cuestionado por el colapso de los servicios de Urgencias, el responsable autonómico de Salud prefirió cambiar el "colapso", que negó como estado general, por "incremento de frecuentación" y que recordó que el pasado año se puso en marcha un plan de actuación concreto contra una situación "difícilmente controlable". La primera atención en las Urgencias no debería sobrepasar de los 10 minutos en los hospitales andaluces. El consejero mantuvo que el envejecimiento de la población es "uno de los grandes retos" a futuro, uno de los motivos de preocupación presupuestaria y por los que cree que es necesario seguir mejorando la atención primaria. Alonso finalizó recordando el caso de Andrea, la menor gallega recientemente fallecida tras sufrir una enfermedad degenerativa e incurable y para la que sus padres pedían una muerte digna, recordando que en Andalucía existe una ley que recoge ese mecanismo legal, dando la decisión al paciente si éste es mayor de edad y a sus padres o tutores si es menor. "Es imprescindible tener una información veraz, clara y adecuada, y eso está recogido en nuestra ley: animo a una legislación estatal", certificó.