A la vuelta de la esquina, con las elecciones generales del 20 de diciembre, asoma la XI Legislatura de España desde la instauración de la democracia y en el debate político vuelve a salir a la palestra la Constitución de 1978: uno, el PP, ejerce de don Tancredo, mira para otro lado y no quiere menear una coma; otros, con el PSOE a la cabeza y a los que se suman nuevas formaciones como Ciudadanos y Podemos, entienden que la revisión del texto es necesaria. La ciudadanía, muchas veces atiborrada de declaraciones vacías de los dirigentes, se hace preguntas al respecto. ¿Manga ancha para la Carta Magna? ¿O mejor no tocar nada para que todo siga igual?

Cinco catedráticos de Derecho Constitucional de universidades andaluzas ofrecen su opinión a propósito de un asunto candente, quizás porque en casi 40 años sólo ha habido dos modificaciones del original, ambas impuestas por Europa: la primera, en 1992, consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; la segunda, en 2011, reformó el artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria vinculando a todas las administraciones públicas.

Sin paños calientes, María Luisa Balaguer, profesora de la Universidad de Málaga, "exige urgentemente una reforma porque desde 1978 hay una nueva sociedad con otros problemas y demandas para los que esta Constitución no tiene respuesta. La reforma debe ser total e integrar estos cambios. Los derechos fundamentales necesitan ser revisados e incorporarse otros como el derecho a la salud, la vivienda, la muerte digna... Algunas instituciones han de ser revisadas o suprimidas como el Defensor del Pueblo o el jurado, y el Título VIII, reformulado en términos de un Estado federal".

La crisis de los 40, como a cualquier ser humano, afecta también a la Constitución, como apunta Miguel Revenga desde la Universidad de Cádiz: "A diferencia de las personas, pueden revivir; el modelo territorial está cuestionado y también los modos de la representación política, los partidos y los derechos fundamentales". No duda Gerardo Ruiz-Rico, de la Universidad de Jaén, sobre la pertinencia de cambiar el texto: "En materia de derechos y en lo que respecta al modelo territorial, sí; es necesario buscar una solución al problema de Cataluña".

De un modo pedagógico, Agustín Díaz Robledo, de la Universidad de Granada, interpreta algo fundamental, como es el consenso de unos y otros: "Mucha gente quiere variarla sin el apoyo del rival político. Y la Constitución es como el reglamento del fútbol, me tengo que limitar a propuestas asumibles por todos los jugadores; si no, sería una Constitución de partido, que es lo que pasa en Venezuela".

"Nos encontramos en ese momento en que revisar es complicado y no hacerlo, imposible", sostiene José María Morales, catedrático de la Universidad de Sevilla; "necesita una puesta al día que debiera haberse realizado progresivamente, sin llegar a este momento crítico, en el que la fuerza normativa o la legitimidad de la Constitución se erosiona por días. No obstante, no todos los problemas de la política se solucionan reformando porque las fuerzas que deben actualizarla han sido las que han perjudicado su eficacia".

¿Existe un gen patrio para que el inmovilismo haya sido casi absoluto respecto al texto original? En España no ocurre como en otros países de nuestro entorno, mucho más flexibles en la toma de decisiones. Ruiz-Rico argumenta que "la clase política siempre teme abrir el melón, pese a que con el tiempo la reforma es algo natural y necesaria, al margen de que se nos imponga de Europa; de lo contrario, se incurre en una irresponsabilidad ante generaciones de españoles". Balaguer alude a "las malas experiencias históricas que las hacían frágiles y sometidas a los vaivenes políticos; la reticencia se debe al miedo a no conseguir las mayorías suficientes y a que al ser fruto del pacto haría necesario otro consenso para reformarla". "Históricamente ha sido así", explica Díaz Robledo; "por eso en el 77-78 el pacto fue bueno, un consenso muy difícil en la historia. En la Pepa fue imposible el acuerdo de conservadores y liberales, no por la mayoría sino por la minoría que quería la monarquía absolutista. España tiene una tradición muy difícil que no es tan diferente a otros, Francia también tuvo una inestabilidad brutal. Aprender a discutir y resolver las cosas de forma civilizada es muy complicado".

"Los partidos han tardado en reconocer que era necesaria la revisión del articulado", cuenta Morales. "Primero se justificó con la falta de consolidación del texto; después subyacía un cierto miedo reverencial, con el argumento de que si se abría la reforma se cuestionase la Monarquía como Jefatura de Estado. En la última década, por un desacuerdo irreconciliable entre las dos principales fuerzas políticas".

"La reforma de 2011 demuestra que con voluntad política la reforma es viable", abunda el profesor de la Hispalense. "No tenemos las prisas de 1977 y 1978, ni la realidad política se manifiesta tan dramática.Tenemos una Constitución de la que partir y que nos marca los caminos. Si las fuerzas políticas quieren seguirlos no tienen más que llevar el debate a la sociedad, interpretar los resultados y abordar las reformas. Además, hasta hace poco los ciudadanos no han reclamado que se abran procedimientos de reforma, colocando el tema en la agenda de los partidos. Los movimientos sociales y políticos surgidos por la crisis son los que han señalado las insuficiencias o deficiencias, reales o inventadas. A partir de ahí entraron en el discurso de los partidos".

En este sentido se expresa igualmente Revenga: "Si la sociedad clama porque haya una reforma, no tengo duda de que la habrá y se demostrará que no hay ningún componente ineluctable en nuestro modo de ser que nos empuje a resolver nuestros conflictos mediante la imposición y el trágala".

No creen los expertos que naciera defectuosa la Constitución, simplemente que los tiempos han cambiado -37 años son muchos y las arrugas sólo se han aliviado con un par de estiramientos de cara - y eso merece un reflejo en el texto. "Fue un consenso de los grupos políticos que acababan de legalizarse después de la dictadura. Algunos problemas no podían abordarse entonces, como los grupos de presión que constituían el Ejército y la Iglesia católica. Hoy España debía ser definitivamente laica y suprimirse los privilegios del artículo 16", dice tajante Balaguer. Morales considera que "todo es mejorable porque la realidad política y social no es la actual. El Constituyente no podía imaginar que el proceso de integración europea variaría nuestro concepto de la soberanía o el funcionamiento de las instituciones, que la sociedad de la información y el acceso y tráfico de datos personales iba a llegar a esta situación, que el proceso de descentralización alcanzaría tal grado de desarrollo o que las decisiones económicas condionarían o anularían acuerdos políticos de base democrática".

"Si era mejorable es ciencia ficción", relata Díaz Robledo. "En su momento el constituyente pensó que sólo Cataluña, País Vasco y Galicia contaran con poder legislativo, pero luego tuvieron las demás por el famoso café para todos y eso se cambió el significado de lo que decía la Constitución. Hay quienes sostienen que fue justo y otros que no se les dio a los primeros el suficiente federalismo asimétrico. Por otro lado, hay artículos que nadie se opondría a cambiarlos, como la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o la relación del matrimonio, que en la Constitución es contrario al Código Civil. Pero otras modificaciones requieren de la disolución de las Cortes y un referéndum, y es un contratiempo importante. Si pensáramos en suprimir el estado autonómico para establecer un solo poder legislativo, sería una Constitución nueva, no una reforma".

El bipartidismo apenas zarandeó la Carta Magna en los 33 años de alternancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Acaso sea más sencillo que con otro escenario político, sin mayorías absolutas y con mayor representación de otras formaciones en el Congreso y el Senado, haya modificaciones. "Será el tema estrella de la próxima legislatura porque el inmovilismo nos llevará al desastre", arguye Revenga.

"Es muy posible que la reforma constitucional, y quizás la del sistema electoral, se imponga como una demanda de la actual realidad", recalca Ruiz-Rico. "Será más fácil por los nuevos partidos y movimientos sociales; a la fuerza ahorcan. Sí veo más complicado que tenga éxito el cambio del sistema electoral, que hoy favorece a los dos grandes partidos. El problema es cuando se tocan los instrumentos de poder o de las comunidades autónomas", asevera Díaz Robledo, quien recuerda que "el Tribunal Constitucional en la primera época y las instituciones legislativa y gubernamental de una manera prudente remaron en favor de la eficacia constitucional. Pero cuando las instituciones fallaron, también lo hicieron mandatos del texto constitucional".

"Antes sólo en ciertos partidos y en escritos académicos se pedía la reforma", desarrolla Morales; "ha sido cuando se ha acentuado la crisis cuando ha entrado en la agenda política como una especie de instrumento mágico. Ahora hay una gran presión para la reforma y quien no se suba al barco puede quedar tristemente marginado".

Andalucía, por último, tuvo un peso específico muy notable en el marco constitucional y, a juicio de Revenga, "ahora quizás le corresponda asumir que hay nacionalidades que nunca encajarán en un modelo de distribución del poder que no tome como punto de partida sus singularidades". La solidaridad es destacable para Ruiz-Rico: "Tenemos bastante responsabilidad del Estado autonómico, desde que nos pronunciamos por un autogobierno de primer nivel y, con ello, a favor de la igualdad entre todos los españoles".

Díaz Robledo cree que el valor andaluz es "muchísimo": "El diseño del Estado autonómico debe mucho al referéndum del 80, aunque es cierto que como se le ayudó con leyes orgánicas, se abrió la caja y pasó lo mismo con las demás". "Pieza fundamental", así define Morales la relevancia de Andalucía en el desarrollo autonómico. "La decisión democrática de febrero de 1980 se convirtió en el origen de la concepción igualitaria que ha imperado en la construcción del modelo territorial hasta 2006. Ha intentado desarrollar ese papel con la reforma estatutaria de 2007, pero por circunstancias externas ha sido más limitado".