Sólo 711 inmigrantes pidieron volver a su país al encontrarse sin trabajo

El programa de retorno voluntario iniciado por el Gobierno hace un año no satisface las expectativas de los extranjeros no comunitarios · El 93% de los solicitantes se encuentran en situación irregular

Sólo 711 inmigrantes pidieron volver a su país al encontrarse sin trabajo
Sólo 711 inmigrantes pidieron volver a su país al encontrarse sin trabajo
Antonio Fuentes / Sevilla

25 de enero 2010 - 05:04

El Gobierno había cifrado inicialmente en unos 100.000 inmigrantes los posibles beneficiarios del programa de retorno voluntario de trabajadores extranjeros no comunitarios en toda España, antes de rebajar sus expectativas hasta unos 87.000. Cumplido poco más del primer aniversario y pasado lo peor de la crisis, según las autoridades, las solicitudes apenas alcanzan las diez mil (9.561), de las que sólo 711 proceden de Andalucía a fecha 5 de enero.

La medida se explicó como un instrumento al que se podían acoger los inmigrantes para regresar en un momento de recesión económica, recibiendo de forma anticipada la prestación contributiva acumulada. Pero no convence. La población diana a la que apunta este programa está conformada en la comunidad por 41.825 desempleados de países extracomunitarios, el 64% de los extranjeros sin empleo. El restante procede de países de la Unión Europea. Sólo Cataluña (123.263), Madrid (97.625) y la Comunidad Valenciana (78.088) tienen más no nacionales en las listas del paro.

Escasas solicitudes en la comunidad que tuvieron un repunte en Navidad. En días próximos a estas fechas se solicitaron hasta 112 peticiones, ya que a mediados de noviembre, al hacer balance del primer aniversario del plan, las peticiones de retorno en Andalucía eran 599.

La escasa acogida de la iniciativa impulsada por el Gobierno se veía venir, porque los inmigrantes no quieren volver, asegura Miguel Araguás, secretario general de la ONG Andalucía Acoge. La asociación ya observó un endurecimiento en la política migratoria del Gobierno a raíz de la designación de Celestino Corbacho como ministro de Trabajo e Inmigración y este tipo de proyectos reforzó aquella tesis: la inmigración es un fenómeno, algo temporal, flujos de personas que se pueden controlar. "Se trata a los inmigrantes como mano de obra, que van a aparecer y van a desaparecer, pero hay muchos más condicionantes de arraigo que les impiden volver", expone Araguás.

La crisis económica ha originado para el responsable de Andalucía Acoge una postura más dura por parte de los partidos políticos hacia la inmigración, con la intención "peligrosa" de ganar votos. El caso de Vic y su negativa a empadronar a los inmigrantes ilegales es el ejemplo más reciente. "Hay una postura hipócrita por parte de los partidos porque, de una parte, se reconoce que los inmigrantes han contribuido con su trabajo al aumento de fondos de la Seguridad Social y al aumento de la sociedad del bienestar, pero por otra, cuando vienen las vacas flacas, se les apunta como culpables de que falte trabajo", expone Araguás. Todo cuando el Instituto Nacional de estadística (INE) advirtió recientemente de que en los próximos años harán falta más de un millón de extranjeros para mantener el Estado del Bienestar en España.

La crisis, según las ONG, ha influido en la misma medida en los trabajadores extranjeros que en el resto del mercado laboral, aunque existen condicionantes que han agravado la situación de este colectivo. Uno, expone el secretario general de Andalucía Acoge, la caída de ofertas de empleo en sectores que ocupaban mayoritariamente personas extranjeras, léase empleo doméstico y cuidadores de personas con necesidades. Y otra, la competencia de trabajadores españoles que habían abandonado sectores de producción como el mercado agrario. "Hace dos años era muy difícil que españoles pidieran trabajar en las campañas de la fresa en Huelva, de la aceituna en Córdoba y Jaén, o en los invernaderos de Almería, pero ahora se han reincorporado. Si no se aborda bien desde el discurso político, hay confrontaciones como en el caso pasado de Baena en Córdoba", recuerda Araguás.

Las autorizaciones de residencia no han parado de crecer y en Andalucía superaron las 250.000 en septiembre, según los últimos datos estadísticos. Para obtener la autorización se necesitan tres años de residencia. Los que quedan fuera son los llamados irregulares, que en Andalucía serían unos 80.000. De los que pidieron el retorno voluntario, el 93% se encontraban en situación irregular.

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