Durante una década ha marcado los designios de los socialistas granadinos desde la Torre de la Pólvora. Hace mes y medio dirige la 'maquinaria' del sistema educativo andaluz, el eje de la transformación social y económica que busca el Gobierno andaluz, desde el laberíntico edificio de Torre Triana. Casado, con tres hijos y maestro de profesión, Francisco Álvarez de la Chica (Granada, 1960) se ha propuesto llevar el éxito a la Escuela, devolver el prestigio al profesorado y conseguir más y mejor formación. Alumnos con más oportunidades. En dos años, su departamento se gastará cerca de 500 millones de euros para desplegar todas las medidas del Plan Esfuerza. Las ideas, los principios, hablan de cambio. Sobre su mesa se agolpan los estudios, los informes, las estadísticas y los datos que han de marcar las líneas de gestión. Un dibujo escolar preside su despacho como se si tratara de un operación de márketing. En absoluto; es un regalo de su hija. Lo primero que metió en la maleta cuando cambió de Torre.

-Durante unas horas fue consejero 'virtual' de Educación y Cultura. Y hubiera sido una situación histórica para Granada. En el último momento, el presidente de la Junta renunció a su propósito de dejar sólo 12 consejerías y 'entendió' que no podría dar un paso atrás en cultura diluyéndola en otra área. Para usted, desde un punto de vista personal, ¿ha sido una decepción?

-No, en absoluto. La tarea en Educación es tan inmensa que no hace falta más para estar ocupado y preocupado. Yo he asumido la responsabilidad en el Gobierno como andaluz. Con una visión y un conocimiento de mi tierra pero, en definitiva, como andaluz.

-En poco más de un año, tres personas han asumido la cartera de Educación. ¿Demasiada inestabilidad?

-Sería más o menos importante en la medida en que el Gobierno no tuviera claros sus objetivos y fueran cambiantes en función de las personas que en cada momento están en el cargo. Pero no es así. Sobre el fondo de las cosas, el programa electoral y los principios desde los que se entiende la educación, no hay cambio de rumbo. En absoluto. Es una de las consejerías donde toda su estructura directiva es más estable. Soy el único consejero que no ha producido ningún cese ni nombramiento.

-¿Y no va a haber cambios?

-Salvo que alguien tenga una oferta mejor en otro sitio...

-Me refiero a ajustes, recortes,  eliminación de altos cargos…

-Es que esta Consejería fue de las primeras que ya hizo esa tarea. De hecho, se suprimió una dirección general entera.

-Esta misma semana, José Antonio Griñán ha dado a conocer el Plan Esfuerza (Esfuerzo Educativo de Andalucía). Cinco grandes desafíos y más de 80 medidas.

-Esta iniciativa es el resultado de la Ley de Educación de Andalucía (se aprobó el 1 de enero de 2008), del Informe sobre la Convergencia Educativa que impulsó hace escasos meses el Parlamento y de la adaptación a la propia realidad y sociedad andaluza, ya que se recogen muchas de las posiciones y propuestas que nos han ido trasladando desde la comunidad educativa.

-No parece que sea un programa que se haya preparado en un mes...

-No, en absoluto. Son medidas en las que se ha venido trabajando en los últimos años. Queda bien claro, por tanto, que el cambio de la responsabilidad máxima no ha interferido en la gestión. Ahora ha llegado el momento de establecer un horizonte y hemos fijado 2012, aunque siendo conscientes de que algunas medidas tendrán efectos permanentes y que otras se materializarán en el medio y largo plazo. No se trata tanto de un inventario de actuaciones como de un programa que permita situar la educación en la centralidad de la sociedad.  

-¿De qué volumen de inversión estamos hablando?

-El programa económico de la Ley recogía 1.175 millones de euros hasta 2013. Ahora mismo llevamos aplicados más de 700 (sin incluir

las inversiones).

-¿Se plantea entonces invertir cerca de 500 millones en dos años?

-Sí, ese es el compromiso.

-Si tuviera que hacer un ejercicio de prospectiva, ¿qué radiografía del sistema educativo, de la escuela, se plantean como deseable para dentro de dos años?

-El sistema educativo andaluz, aparte de ser de los más complejos de Europa y que mayor equidad otorga a los ciudadanos, también tiene algunos elementos que debemos mejorar. Unas debilidades cuyo origen está en el punto de partida de Andalucía en los últimos 30 años. Partimos con menos equipamientos, más baja escolarización, mayor tasa de analfabetismo… Y eso ha tenido sus efectos y los sigue teniendo. Luego hay una serie de cuestiones que queremos cambiar radicalmente.

-¿Por ejemplo?

-Todo lo que tiene que ver con el abandono y el fracaso escolar. Tenemos unas tasas preocupantes. Mientras Europa está en 14,9%, en Andalucía estamos en un 38%. Uno de los elementos clave es cómo lograr que más niños y jóvenes estén en el sistema durante más tiempo y salgan mejor formados. Más y mejor formación. Hemos vivido una tendencia en que el abandono conllevaba una casi inmediata incorporación al mercado de trabajo. Ahora nos damos cuenta de que las personas que antes pierden su empleo son las que están menos formadas. La sociedad tiene que plantearse que el abandono no es un fracaso individual. Es un fracaso colectivo de la sociedad. Tenemos que trabajar para dar oportunidades e igualdad. Para reducir el abandono e intentar que quienes dejaron el sistema puedan retornar.

-En este proceso, el papel de los docentes será crucial.

-Por supuesto. Y necesitamos reconstruir el prestigio y el reconocimiento social del profesorado. Es curioso, cuando alguien logra un gran reto avance para la sociedad, a lo más que se llega es a saber en qué universidad estudió. Pero nadie sigue hacia atrás para ver en cuál fue su colegio... El gran problema que tenemos es que no hemos hecho un esfuerzo para hacer visible la tarea ingente que se hace cada día por tanta gente. Y debemos hacerlo visible por una razón de justicia y de autoestima. A veces estamos demasiado en las páginas de sucesos y tenemos que pasar a las páginas del éxito. El sistema educativo produce infinitamente más éxito que fracaso.

-En el caso de la violencia en las aulas, la Junta acaba de rechazar una proposición de ley del PP-A para considerar autoridad pública al profesorado...

-Lo que hemos dicho es que la autoridad del profesorado es la autoridad magistral. La que le viene determinada del prestigio, de sus cualidades profesionales, no la que otorga un uniforme. ¿Por qué? Porque entendemos que en el sistema educativo, en esta cuestión del comportamiento inadecuado, manifiestamente ilegales o delictivos cuando lo sean, todos los alumnos y todos los profesores deben ser tratados por igual. El planteamiento del PP es segregador porque los docentes que no son funcionarios no podrían estar cubiertos por esa prerrogativa. Y no me gustaría pensar que tiene especial interés en ese concepto para situar la conflictividad sólo en el ámbito de la pública.

-Precisamente, uno de sus primeros gestos como consejero ha sido una reunión con el fiscal Superior de Andalucía para abordar cuestiones de este tipo. ¿En qué líneas se está trabajando?

-Aparte de lo los posibles acuerdos que fijemos en un protocolo sobre la violencia en las aulas, estamos viendo otras cuestiones como el fraude en la escolarización y algunos temas sobre comportamientos reprobables relacionados con las nuevas tecnologías. En el caso de las agresiones, lo que queremos es que, cuando se produzca un hecho de esta naturaleza, dispongamos de todos los recursos técnicos y humanos para dar cobertura al profesional que se vea afectado. Por otro lado, el otorgamiento al profesor de la presunción de legitimidad. Es decir, la versión del profesor debe ser la que la administración de justicia tome como cierta para iniciar el procedimiento. Y, en tercer lugar, la tipificación fiscal de atentado contra la autoridad cuando se produzcan agresiones que así lo merezcan.

-Sentencias como las dictadas por algunos tribunales imponiendo una multa a los progenitores de los menores violentos son un avance en este sentido, ¿no?

-Sí, son un avance, pero la Fiscalía tiene una diferencia muy importante: tiene unidad de criterio. Una vez que lleguemos a ese acuerdo, la Fiscalía actuará en todos los casos de la misma manera. Es un punto de partida fundamental.

-En relación a la convivencia en la escuela, la utilización del velo se ha convertido en un motivo más de tensión. ¿Va a dar Educación alguna instrucción?

-Hay que ser extremadamente cuidadosos a la hora de abordar ese tipo de cuestiones. Creo que el velo del que estamos hablando ni ofende ni provoca. Es decir, hay signos individuales de carácter religioso que son perfectamente tolerados por la sociedad y que no van contra los derechos individuales de nadie. Y hay que salvaguardar siempre un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Tampoco me parece bien que los centros puedan tomar decisiones unilaterales que  provoquen diferencias y segregación. Porque eso no es educar en los valores de una sociedad democrática.

-¿No se admitiría en Andalucía que un IES impidiera el acceso a una chica con velo?

-De momento, en Andalucía hay un comportamiento ejemplar. A veces ofende menos un velo que una cabeza rapada. No vayamos a sacar las cosas de quicio. Cuando se habla de que la gente no puede llevar la cabeza cubierta, pues depende. Hay quienes llevan la cabeza absolutamente descubierta y generan más tensión que quien la lleva cubierta. ¿Cuál es, por ejemplo, el tamaño de la cruz que se puede llevar colgada del cuello? Yo creo que en los espacios docentes, en los centros públicos, habría que buscar el consenso para que no existieran símbolos religiosos de ninguna naturaleza. Pero yo respetaría todos aquellos de carácter individual que no ofendan a nadie.

-¿Se va a retomar entonces alguna iniciativa para retirar los símbolos religiosos de los colegios?

-No, estamos a la espera de lo que será la Ley de Libertad Religiosa.

-¿En el caso de la religión?

-En este país, que es aconfesional, todavía quien toma posesión como ministro lo hace ante un crucifijo... A veces llama mucho la atención un crucifijo colgado en una clase cuando eso forma parte de una larga tradición. Creo que a la religión, y a quienes profesan una religión, se les puede respetar más salvaguardando sus propios símbolos.