Acampadas, pitos a políticos socialistas en actos públicos, concentraciones ante consejerías y delegaciones, webs específicas en la red. Funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía han agudizado la protesta por las repercusiones del decreto 5/2010 de medidas urgentes para la reordenación del sector público, aprobado por la Administración andaluza en julio.

El sector libra una guerra.  Los sindicatos más representativos en  la Administración Pública piden la modificación del decreto (CSIF, CCOO y UGT)  o que se derogue (Safja). Todos han presentado recursos judiciales. Todos se quejan de la falta de negociación, antes y ahora. A los sindicatos se les unen plataformas desencantadas con éstos que también llaman a la movilización e incluso los propios trabajadores se organizan por su cuenta. 

La Junta, pese a la creciente crispación que origina el decreto, apela a la calma. Asegura que la reorganización del sector público es necesaria, obligada. Garantiza que se respetan los derechos adquiridos de todos los trabajadores, sin merma de empleo, sin privatización y augura un próximo acuerdo que temple los ánimos. Todos tienen una trinchera en la que se reafirman en sus posiciones. Por la cantidad de actores implicados, es improbable adivinar si llegará la paz.

Pero, ¿qué tiene este decreto para el levantamiento de los empleados públicos? 

La Junta de Andalucía aprobó antes de verano el decreto 5/2010 de medidas urgentes para la reordenación del sector público dentro del paquete exigido por el Gobierno para reducir el déficit público. El volumen de empresas públicas (fundaciones, agencias, sociedades mercantiles) ha crecido progresivamente desde el origen de la autonomía al albur del derecho privado, con el que la Administración supera trabajas administrativas para actuar con mayor celeridad. 

Por mandato del presidente andaluz, José Antonio Griñán, se reorganizará este sector mediante la supresión o absorción de 111 empresas públicas que originará un ahorro de 115 millones hasta 2013. Sólo por la supresión de puestos directivos; el empleo público no se toca. La integración tiene la forma de diez grandes entes en el que se adscribirán funcionarios, personal laboral de la Junta y personal laboral no de la Junta. 

Contra estos últimos, los "enchufados", cargan de forma unánime los sindicatos. "Tal y como está ahora mismo, se recortan derechos a los funcionarios y al personal laboral de la Junta", claman a una CSIF, UGT, CCOO y Safja. Se habla de inconstitucionalidad por pretender el ingreso de este personal sin el proceso público de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. El PP ultima la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por este motivo. 

Se teme que no haya nuevas ofertas públicas de empleo y que se reduzca el peso de las consejerías por la "privatización" de las agencias. Se duda de que la función pública quede en manos del personal de confianza y, sobre todo, pese a que el decreto concede  el respeto a los derechos adquiridos, los sindicatos se preguntan qué pasará con los nuevos convenios de cada agencia.

"¿Nos van a poner en un mismo convenio que al personal que no es de la Junta?", se pregunta Alicia Martos, presidenta de CSI-CSIF. Otra solicitud parte de CCOO: alguna prueba por la que este personal demuestre que tiene mérito y capacidad para ingresar en la Administración Pública. "Que entre el que valga", exige Francisco Carbonero, secretario general del sindicato en Andalucía. Otra propuesta la aporta UGT, que haya un "tronco común" que sustente los distintos convenios que se negociarán en cada agencia. Desde Safja, ni siquiera puede haber negociación. "Los funcionarios pierden imparcialidad al trabajar en agencias que se mueven por el derecho privado y eso repercute en todos los ciudadanos", anota Alfredo Pérez. Otras preocupaciones pasan por la pérdida de movilidad, traslados, el plazo de cinco años para el reingreso... Demasiadas dudas que no se han resuelto. 

¿Qué ha pasado? Griñán calentó aún más el ambiente el viernes al percibir intereses electoralistas de los sindicatos. 

Para la Junta, el decreto "es perfectamente legal y constitucional", afirma el viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, José de Haro. ¿Razones? Quizá de comunicación, quizá "cierta manipulación" sindical, afirma De Haro. "Ha sido un tiempo complejo, entre el verano y la convocatoria de huelga en septiembre", añade.

La Junta defiende que el decreto 5/2010 garantiza a los empleados  (funcionarios, personal laboral de uno y otro lado) el reconocimiento de todos los servicios prestados. El que es funcionario seguirá siéndolo, y el que es personal laboral de fuera de la Junta tendrá la misma condición. Todos harán su función encomendada. "No hay colisión", afirma el viceconsejero.

Eso en cuanto al desempeño. ¿Y en cuánto a la igualdad de acceso a la Función Pública? De Haro afirma que "nadie se va a saltar el proceso de acceso a la Administración". 

La Junta no entiende el revuelo cuando los funcionarios afectados serán 2.069, que solicitarán además la integración en las agencias de forma voluntaria. Junto a ellos, 1.474 será personal laboral de la Junta y 19.333 personal laboral que no pertenece a la Junta  (el 84,9% de los existentes). Los sindicatos no se creen las cifras y la Junta da la impresión de que aún está actualizando los datos.  

¿Qué pasará en los futuros convenios de las agencias? El decreto establece que se negociará con los sindicatos. Pero éstos desconfían y exponen que, por mucho acuerdo posterior, el decreto-ley aprobado en solitario  ya está vigente. 

La Junta se acoge a la obligatoriedad de la reforma por la adaptación de la Ley de Contratos del sector público al Derecho de la UE. La prestación de servicios o realización de obra pública tienen que hacerlos entidades de administración pública y la fórmula elegida son las agencias, donde las funciones de imperium las tienen los funcionarios. "Es la primera vez en España que se vuelve al derecho administrativo. La figura del funcionario se fortalece", afirma el secretario general de Función Pública, José Ortiz. La Junta niega la privatización, "no está en nuestra filosofía" y asegura que se convocarán nuevas ofertas de empleo público. Los sindicatos se preguntan por la de 2010, pactada desde febrero. 

Desde Hacienda y Administración Pública se confía en un próximo acuerdo con los sindicatos sobre este decreto. Desde la óptica sindical aseguran que lo van a poner muy difícil. Están en guerra.