Primera consecuencia del enfrentamiento entre la Junta y los colegios farmacéuticos tras la ruptura institucional del pasado martes: el SAS devolverá las recetas facturadas por las boticas en las que se haya procedido a sustituir medicamentos, salvo casos excepcionales. Los colegios niegan que las razones aducidas por el SAS para adoptar esta medida tengan fundamento.

La Consejería de Salud anunció el martes su decisión de denunciar el convenio que encuadra las relaciones entre el colectivo farmacéutico y el SAS hasta 2012, tras conocer la negativa de los colegios profesionales a ratificar un paquete de medidas entre las que se contaba la polémica licitación de medicamentos. Para el SAS, la no ratificación de lo que la Administración entendía como un acuerdo ya pactado justifica la denuncia del convenio. Para los farmacéuticos, se trata de "medidas impuestas".

En los últimos días se han sucedido manifestaciones de apoyo a los farmacéuticos frente al SAS de la portavoz sanitaria del PP-A, Ana María Corredera; de la patronal de los laboratorios innovadores, Farmaindustria; de la de los fabricantes de genéricos, Aeseg; y de Fedifar, que agrupa a la distribución. Para estas instituciones, las pretensiones del SAS son un atentado a la libertad de mercado, a la cohesión territorial y a las competencias del Gobierno central.

El convenio sólo está vivo aún por una prórroga obligada de dos meses. En su contexto se entiende que los farmacéuticos dispensen el medicamento de menor precio y, si no lo tienen, puedan sustituirlo, pagando el SAS el mismo precio. Gana el SAS, que, en principio, no paga más caro, y ganan los farmacéuticos, que tienen más comodidad para gestionar sus stocks y negociar con sus proveedores.

La capacidad de sustitución de un medicamento por otro por parte de los farmacéuticos es una competencia prevista en la Ley del Medicamento de carácter excepcional. El SAS ha avisado por escrito a los colegios de que ha tenido conocimiento de que "el procedimiento excepcional se está utilizando de forma generalizada, lo que puede estar produciendo posibles errores de medicación y dificultando la adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes". Como consecuencia, a partir del 1 de junio y hasta la extinción del convenio, "se considerará como causa de devolución total de las recetas el incumplimiento" de lo establecido en la ley, salvo que se acrediten "fehacientemente" las circunstancias de excepcionalidad en cada caso.

Para el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, las sustituciones no se están produciendo de manera generalizada ya que, de ser eso cierto, "la obligación del SAS" hubiera sido denunciar esa situación "en su momento y no precisamente ahora, como represalia tras la negativa de los farmacéuticos a aceptar la subasta de medicamentos pretendida por la Consejería".