El Gobierno ha afirmado que mantendrá sus políticas de ajustes, después de que los sindicatos y partidos le hayan exigido que tome nota de las demandas realizadas por los ciudadanos en las movilizaciones en toda España con motivo de la huelga general del 14-N.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo "indudablemente" escucha a los manifestantes, pero debe tomar decisiones de acuerdo con la responsabilidad dada por los ciudadanos en las urnas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno "atiende" las opiniones de los sindicatos y de los partidos, pero ha insistido en que son necesarias reformas estructurales porque el déficit es muy elevado y la deuda creciente.

Sindicatos y partidos consideran, sin embargo, que el Gobierno debe escuchar a la ciudadanía. La huelga general y las manifestaciones suponen una "enmienda a la totalidad" a las políticas de las instituciones europeas y del Gobierno de España, según ha afirmado el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, quien se ha mostrado satisfecho con el seguimiento de la huelga. Lezcano ha subrayado que la participación ha sido mayoritaria en la industria y ha dicho que las manifestaciones celebradas en toda España han sido multitudinarias.

También UGT ha opinado que se ha producido un seguimiento "masivo" y que el Ejecutivo está demostrando una "tremenda soberbia", al despreciar el clamor popular que le reclamó un cambio de políticas, además del diálogo social y político. En opinión de UGT, los datos del PIB, según los cuales la economía bajó el 0,3% en el tercer trimestre, reflejan la "incapacidad" del Gobierno para sacar a España de la crisis, por lo que ha insistido en que debe atender lo que reclaman los ciudadanos.

En el mismo sentido se han expresado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el portavoz adjunto de CiU en la Cámara Baja, Pere Macías, quienes han advertido al Ejecutivo de que debe "tomar nota" tras la huelga y, sobre todo, después de las multitudinarias manifestaciones contra sus políticas. El líder de IU, Cayo Lara, ha celebrado el éxito de la huelga, a la que, según ha dicho, se sumaron "una parte importante" de autónomos y pymes, y ha avisado al Gobierno de que habrá nuevas huelgas y movilizaciones si no da un giro "de 180 grados" en sus políticas de recortes.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha abogado por pasar página tras la huelga porque considera que las reformas emprendidas por el Gobierno deben continuar. Aunque Rosell ha reconocido que la huelga general es un derecho constitucional, ha reiterado que era "innecesaria e inoportuna" y ha explicado que hubiera sido mejor haber hecho sólo manifestaciones porque no hubiesen afectado tanto a la imagen exterior de España.

Según fuentes del Ministerio del Interior, la huelga se saldó con la detención de 155 personas en los diversos incidentes registrados a lo largo de la jornada, en los que también se produjeron 77 heridos, 43 de ellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sólo en Madrid hubo 60 detenciones, de las cuales 21 fueron durante los disturbios registrados por la noche en torno a la Plaza de Neptuno, en la protesta convocada por la Coordinadora 25-S y que la Policía atribuye al grupo antisistema Bukaneros, integrado por unos 300 seguidores del Rayo Vallecano.

En Cataluña, la jornada se saldó con una treintena de detenidos y una veintena de imputados. Al respecto, el presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, ha achacado parte del malestar expresado en las manifestaciones a la actual relación de Cataluña con España y ha defendido que este sentimiento sería "evitable" con un Estado propio.