Menos regulación y más financiación. Éste es el clamor del sector inmobiliario según se puso de manifiesto en el XXIX Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que se celebró ayer en Sevilla, y que fue inaugurada por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, junto al presidente de APCE, José Manuel Galindo, y su homólogo en la patronal sevillana Gaesco, Miguel Rus. A lo largo de varias mesas redondas, en las que estuvieron presentes profesionales del sector, altos cargos del Gobierno central y andaluz y representantes de entidades financieras, se desgranó el presente y el futuro de un sector cuya actividad se ha reducido a la sexta parte en tres años, en los que se ha pasado de finalizar casi 800.000 viviendas anuales a poco más de 100.000.

Los directivos critican la maraña administrativa que envuelve a su actividad, aunque centraron sus dardos en los planes de vivienda y el registro de demandantes. "Desde el año 2001, se han aprobado 91 normas generales sobre la vivienda: 56 autonómicas y 35 del ministerio. Y hemos vivido una política irreal; todos los planes de vivienda se han incumplido con creces", recalcó el vicepresidente de APCE Juan Aguilera, que propuso en una intervención muy aplaudida la supresión de los registros de demandantes, la implantación del silencio administrativo positivo -que se dé por admitida una solicitud si la administración no responde en tiempo y forma- o la supresión de la reserva de suelo para VPO.

El secretario general de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, recogió el guante. Destacó que la Junta va a crear un grupo de trabajo junto a la CEA para simplificar la normativa urbanística. Además, recordó que el registro de demandantes nació para defender la igualdad de oportunidades. "¿Cuántas veces las listas de solicitantes de viviendas protegidas estaban formadas por personas previamente conciliadas con el promotor?", se preguntó.

El subdirector general de Vivienda del Ministerio de Fomento, José Justo Tinaut, también sufrió las pullas de los promotores por los recortes a las ayudas que prepara el Gobierno para cumplir con los objetivos del déficit. Sin embargo, se negó a adelantar el contenido del real decreto que planea el Ejecutivo, y recordó que el Estado "carece de competencias en vivienda" salvo en alquiler y rehabilitación.

La asfixia financiera de las inmobiliarias fue el centro de una mesa redonda específica. "No hay crédito. Hay decenas de casos de promociones con el 100% vendido y no se financia", denunció el presidente del Grupo Inmobiliario Ferrocarril, Rafael González.

Desde el sector financiero, el director de Gestión de Cartera Inmobiliaria de Cajasol, Javier Fernández, incidió en que se atraviesa un momento "difícil". "Cuando se trata de financiar una promoción inmobiliaria, no nos podemos equivocar. Por eso es importante cómo se presente un proyecto", recalcó Javier Fernández, que también pidió colaboración al sector para desarrollar los suelos urbanizables que acumula en su cartera. "Hemos identificado los que se pueden sacar de manera inmediata y nuestra intención es llegar a acuerdos razonables con empresas del sector para desarrollarlos", manifestó.

El consejero delegado de la consultora IREA, Mikel Echavarren, aportó algunas ideas para lograr crédito: "Es mucho más fácil conseguir financiación desde nuevos vehículos, no desde sociedades ya refinanciadas, no hay que perder el tiempo planteando imposibles y se debe estar preparado para poner capital", aconsejó.