Podría pasar por un mero gesto testimonial, pero de momento se presenta como otro serio escollo en el largo y proceloso procedimiento de ratificación del convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Focus-Abengoa para la adquisición por parte del primero del cuadro de Santa Rufina atribuido a Velázquez.

El gesto lo protagonizará Izquierda Unida, que "en cualquiera de los casos", según apuntan fuentes cercanas a la formación, votará en contra de una operación finaciera que podría llegar a suponer un desembolso de hasta 37,5 millones de euros por parte del Consistorio antes de hacerse con la titularidad del lienzo.

Como se recordará, éste fue adquirido por la Fundación Focus-Abengoa el 4 de julio de 2007 en una subasta efectuada por la casa londinense Sotheby's. El precio alcanzado fue de 12,4 millones de euros. Pocos días después, la fundación y el Ayuntamiento anunciaban la firma de un convenio mediante el cual la administración municipal se comprometía en la creación de un consorcio para la creación de la Casa Velázquez en el Hospital de los Venerables, donde se exhibe dicho cuadro desde diciembre de ese mismo año.

El compromiso del Ayuntamiento pasaba también por el pago anual a la fundación de 500.000 euros, destinados a financiar la actividad del centro. Transcurridos 30 años, el convenio se revisaría, pero no sería hasta 75 años después de la primera firma cuando el cuadro pasase definitivamente a ser de propiedad municipal.

Pendiente de ratificación desde entonces, fuentes de la Fundación Focus-Abengoa han señalado en varias ocasiones el incumplimiento del convenio por parte del Ayuntamiento, que adeudaría ya dos anualidades, hasta el punto de "dar la batalla por perdida" y anunciar que el centro seguirá adelante con el Consistorio o sin éste. El Ayuntamiento, por su parte, se ampara en la necesidad de analizar hasta el último detalle del documento pendiente de rúbrica final, para lo cual, entre otras acciones, encargó un peritaje a María Fernanda Morón de Castro, doctora en Historia del Arte y profesora en la Escuela de Bellas Artes, cuyo objetivo último era comprobar si el pago de los 500.000 euros anuales se correspondían "a la situación actual del mercado". Pendientes sus conclusiones, que ya han sido entregadas al Consistorio, y la posible alteración de los terminos del convenio, el último paso sería la ratificación del mismo. Pero, ¿por parte de qué órgano municipal? ¿Pleno, junta de gobierno? Se habla incluso de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo.

Izquierda Unida, socio del PSOE en el gobierno municipal,  ya se mostró contraria a la operación cuando fue anunciada. Ahora estaría dispuesta a oponerse formalmente a la transacción allá donde ésta sea sometida a votación. Su argumento es obvio: en un momento de feroz crisis económica, cuyo final se aventura lejano, prefiere destinar esas partidas a "proyectos productivos y de interés social".

En minoría en la junta de gobierno, sólo en el pleno, y con el improbable apoyo del PP, podría Izquierda Unida tumbar la ratificación. Parece pues más viable que su estrategia pase antes por la presión a sus socios a la búsqueda de una reelaboración del controvertido convenio.