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La tribuna

F. Javier Merchán Iglesias

Educación y empleo: la verdad incómoda

LAS relaciones entre educación y empleo constituyen hoy un aspecto central del debate sobre el sistema educativo y uno de los principales argumentos con los que se justifica la necesidad de las reformas escolares. Al mismo tiempo, es asunto de interés para los jóvenes y las familias, que deben tomar decisiones sobre la trayectoria académica a seguir, en función, no sólo de la capacidad o la vocación de los estudiantes, sino, también, de las posibilidades de trabajo que puedan tener.

Mientras que en la Logse apenas se hacía referencia a las implicaciones de la educación en la economía y el empleo, la LOE, actualmente vigente, los vincula estrechamente. Así, establece que la formulación de los objetivos educativos se relaciona con la pretensión de convertir a la UE en una economía competitiva y con el propósito de conseguir una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo. Esta idea se encuentra también en la LEA, cuando afirma que nace "con la firme voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Andalucía". En fin, la Lomce está igualmente impregnada de esta filosofía, argumentando su capacidad para afrontar el problema del paro, especialmente entre los jóvenes.

De manera que, según esto, la educación se convierte en un medio para generar empleo, para el desarrollo económico mediante la cualificación competitiva de la mano de obra y, de paso, para la movilidad social. Al margen de que nos encontramos ante una reconceptualización en toda regla de los fines del sistema educativo, como suele ocurrir en los discursos sobre la educación, estamos también ante una serie de sobreentendidos y tópicos que no casan con los hechos ni los datos de la realidad.

El paro juvenil en España contrasta llamativamente con la tesis más educación igual a más empleo. A no ser que nos refiramos a operaciones meramente estadísticas, la realidad es que el empleo lo generan el estado y las empresas, no el sistema educativo. A este respecto, merece la pena rescatar las palabras de Raúl Vázquez -entonces director general de Enseñanzas Medias- que, refiriéndose a la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años, manifestaba en diciembre de 1978 que si la ley se ponía en vigor, unos 300.000 jóvenes de catorce y quince años permanecerían en los centros educativos, "lo que significa detraer de las fuerzas de presión sobre el paro unas cifras importantes". Precisamente éste es hoy uno de los empeños de la política educativa, ampliar la estancia de los jóvenes en los centros escolares, pues, según la Comisión Europea, el variable e indefinido concepto del fracaso escolar se refiere ahora al porcentaje de población entre 18 y 24 años que deja de estudiar al acabar la ESO (un 31,2% en España, según datos de 2009). El sistema educativo sólo puede reducir el paro juvenil por la vía de ampliar la edad de escolarización.

En lo que respecta a la cualificación de la mano de obra y la mejora de la competitividad, habría que remitirse a las dificultades para conjugar la Formación Profesional reglada con las demandas del mercado laboral. En una economía caracterizada hoy por cambios incesantes y rápidos y un mercado laboral consecuentemente muy variable, la conjunción entre formación y empleo resulta cada vez más difícil; de hecho las empresas tienden cada vez en mayor medida a preparar a su propio personal. Además, según sostienen economistas como Paul Krugman, a esto hay que añadir el hecho de que, aunque parezca lo contrario, se van reduciendo los empleos que requieren cierta cualificación -sustituidos por la robótica- mientras que se mantienen aquellos menos cualificados que no pueden ser sustituidos por máquinas, de manera que el número de trabajos que requieren conocimientos especializados se va limitando a una pequeña parte del mercado laboral.

En cuanto al papel de la educación en la movilidad social, sin negar sus posibilidades, quizás también se exagere. En España viene constatándose que las titulaciones universitarias difícilmente proporcionan acceso a puestos de trabajo que tengan que ver con la formación adquirida. La OCDE estima que en torno al 30% de los trabajadores españoles entre 16 y 30 desempeñan trabajos que requieren menos preparación de la que tienen. Por otra parte, un estudio de la Caixa revelaba que entre 1997 y 2004 la diferencia salarial entre los licenciados universitarios y los que no acabaron la secundaria cayó un 40%. El problema es que la economía española no demanda trabajadores cualificados.

La relación entre educación y empleo no es lo que parece. El sistema educativo no tiene la capacidad milagrosa que interesadamente se le atribuye en este y otros aspectos. Si se pretende reducir el paro juvenil, mejorar la competitividad de nuestra economía y favorecer la movilidad social, no señalemos con el dedo a la educación: las soluciones están en otra parte.

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