CASI nadie sabía con certeza a qué se refería Pasqual Maragall cuando propuso un modelo federal asimétrico para resolver los problemas de entendimiento entre Cataluña y el Estado. El federalismo implica acción de gobierno compartida entre diferentes centros de poder, debidamente coordinados a través de una norma que define reglas de juego y los límites a la autonomía de cada uno de ellos. Existen federaciones deportivas, de asociaciones de vecinos, de peñas o cofradías que encuentran en este modelo una respuesta a sus necesidades de organización, donde las reglas de funcionamiento están debidamente reflejadas en los correspondientes estatutos. Se trata de ordenar la convivencia en beneficio de todos, lo que normalmente implica que cada club o cada peña puede hacer lo que le venga en gana dentro de su organización, siempre que no haya perjuicios sobre los demás ni se dificulte la consecución de objetivos comunes. Desgraciadamente nunca se garantiza la desaparición de privilegios y situaciones injustas, como muchos reconocerán fácilmente en el caso del fútbol, donde los clubes de segunda fila se quejan de la arbitrariedad con que se reparten los derechos de televisión.

El federalismo político se refiere a la organización de un Estado con responsabilidades de gobierno descentralizadas. Los modelos son muy diversos, pero es difícil encontrar alguno que ajuste a lo que podría entenderse por federalismo asimétrico, al menos en el hemisferio occidental. Desde luego no lo es el alemán, por mucho que la denominación oficial de Baviera sea la de Estado Libre de Baviera (también Turingia y Sajonia tienen una denominación similar), puesto que la carta de derechos y obligaciones de sus ciudadanos es exactamente la misma que la de cualquier otro alemán. Tampoco el estatus de Quebec puede calificarse de asimétrico en lo político, excepto en la particularidad lingüística, además de que la formación de Canadá es el resultado de la confederación voluntaria de un conjunto de estados, en cuyo tratado de adhesión se explicitan las condiciones de marcha atrás. Podría afirmarse que algo parecido a la Unión Europea, salvo en dos cosas importantes. Por un lado, tienen siglo y medio de historia (salvo Terranova, que se integró en 1949) y, por otro, constituyen una verdadera democracia, donde las decisiones de Gobierno y Parlamento son vinculantes.

La aparente orfandad de referencias sobre el concepto de federalismo asimétrico, finalmente asumido por Rubalcaba y el resto de la cúpula socialista, exigía un esfuerzo de pedagogía que, no obstante, se suele despachar con una lacónica llamada a la negociación. Respuesta inquietante, por otro lado, por cuanto recuerda la doctrina Zapatero para la resolución de conflictos multilaterales mediante la agregación de soluciones bilaterales, de tan nefastas consecuencias sobre la consistencia del modelo autonómico. Solucionar el problema catalán como forma de superar el primer obstáculo hacia la solución definitiva del modelo autonómico significa, sobre todo, imponer al resto las condiciones pactadas con Cataluña que, por cierto, no es la primera vez que ocurre. Recuérdese que en 2005, en plena polémica sobre la creación de una agencia tributaria en la Generalitat para la recaudación de todos los impuestos en aquella comunidad, Zapatero acordó con Artur Mas, por entonces en la oposición, desatascar el proceso de reforma estatutaria y la cesión de tributos por una cuantía equivalente a las necesidades de gasto de la administración catalana, lo que implicaba tener que negociar, en el probable caso de excedente, con la Hacienda central su devolución y, en la práctica, una relación financiera con el Estado similar a los cupos vasco y navarro. La expansión continuada del gasto y la caída de la recaudación dio al traste con la iniciativa, pero permitió apreciar con nitidez la sutileza de la estrategia catalana hacia el pacto fiscal.

A la espera de pistas para entender el significado preciso de la asimetría federal que propugnan los socialistas, nos ha llegado la interpretación del ex ministro Sebastián. Sólo tres comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña y Galicia) y desaparición de todas las demás. Sorprendente y clarificadora, sobre todo porque las referencias que se buscaban se encontraban en nuestro propio país. Por un lado, la singularidad foral de vascos y navarros y, por otro, el diseño inicial del modelo autonómico por parte de la UCD, que curiosamente reproduce con exactitud la propuesta de Sebastián. En aquella ocasión, los convulsos acontecimientos desencadenados con la movilización de Andalucía contra los privilegios pretendidos para esas mismas comunidades forzaron un cambio de rumbo radical, mientras que los mecanismos de control y tutela de los que pretendió dotarse el Estado a través de la Loapa se encontraron con el rechazo del Tribunal Constitucional. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y la necesidad de introducir reformas de alcance en la Constitución parecen cada vez más evidentes, pero siempre en la dirección de reforzar los mecanismos de coordinación multilateral, la cohesión territorial y las funciones redistributivas del Estado. Estoy convencido de que tampoco ahora los andaluces se resignarían ante cualquier pretensión de involución en materia de igualdad.