LA Junta de Andalucía ha decidido apostar fuerte por la minería. Se anuncia la próxima salida a concurso de 367 derechos de explotación que afectarán a una superficie estimada de 250.000 hectáreas. En total, más de 1.000 nuevos derechos en circulación sobre 650.000 hectáreas en lo que va de legislatura, que llevan a la presidenta Díaz a celebrar la pujanza y la fortaleza del sector durante los últimos cinco años, pero que también hace todavía más incomprensible la firme negativa de los gobiernos anteriores a las demandas de reapertura que se han venido planteando durante más de una década.

La historia de Andalucía es la historia de su minería. Griegos, fenicios y romanos y, posteriormente, la revolución industrial nos sitúan en el mapa gracias al comercio de metales y productos agrarios. Andalucía es una potencia minera de primer orden, pero con una función comercial limitada a proveer de mineral a las potencias industriales del centro y norte de Europa desde unos yacimientos de los que también eran titulares, con escaso rédito para la comunidad local. Ésta ha sido una de las constantes históricas de la minería andaluza. Proporcionar recursos y base territorial para el levantamiento de actividades que han servido al enriquecimiento ajeno, pero que han contribuido poco a hacer de Andalucía una tierra próspera. Algo parecido a lo que ocurría con los países propietarios del petróleo, cuando crearon la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) con el fin de aumentar su participación en los enormes beneficios que genera la explotación de sus recursos naturales.

La minería andaluza actual es un vago reflejo de su antiguo esplendor, pero todavía sigue aportando más de la mitad de la extracción de metales en España y la práctica totalidad de los metales preciosos. La crisis del sector se gestó durante la segunda mitad del pasado siglo y terminó por afectar a los yacimientos más emblemáticos de la franja pirítica en Huelva y Sevilla, la minería del carbón en el Guadiato, la del plomo en Linares-La Carolina y la del hierro en Alquife. El cierre definitivo tuvo lugar en los años 90 (en algún caso anteriormente), siempre tras conflictivas negociaciones, con frecuencia también poco transparentes, y siempre con polémicos acuerdos de indemnización y jubilaciones anticipadas.

Sin embargo, desde los primeros años de la pasada década el panorama cambia de manera radical como consecuencia del aumento en el precio de los metales. El del cobre se multiplica por más de cinco entre 2000 y 2010, que es más o menos lo mismo que ocurre con el resto, mientras que el oro bate su récord de cotización en 2012, alcanzando los 1.669 dólares por onza, multiplicando por más de seis el del año 2000. Las empresas no tardaron en reaccionar y algunas de ellas consiguieron con relativa facilidad la autorización pertinente para el retorno de la actividad, mientras que en otros casos, como el de Riotinto, la negativa de la Junta fue firme e inamovible, así que la pregunta pertinente no es porqué ahora la Junta se muestra tan interesada en el regreso de la minería, sino por qué ha estado negándose durante años, incluso con precios todavía más favorables que los actuales.