EL sistema judicial, forma tradicional de solucionar los litigios, lleva años con graves carencias que, a corto plazo, no desaparecerán dadas las actuales estrecheces presupuestarias. Además, la liturgia procesal, basada en la confrontación, supone un gran desgaste emocional, especialmente cuando se pleitea con personas con las que uno tiene vínculos familiares, afectivos, de vecindad o comerciales. Finalmente, la sentencia no suele resolver el conflicto que subyace bajo el pleito y, en consecuencia, ese mismo conflicto vuelve al juzgado tras el incumplimiento de lo "impuesto" por el juez en la sentencia. En definitiva, desde los tribunales se da una respuesta al conflicto lenta, costosa y, frecuentemente, ineficaz. Es el popular "tengas pleitos y los ganes".

Esa realidad explica en gran medida que la mediación se haya ido abriendo paso como "otra forma" de resolver los conflictos. En la mediación son los propios afectados, con la ayuda del mediador y a través de la negociación, quienes buscan la mejor solución a sus discrepancias. Es una manera de abordar los conflictos más rápida, más barata y, sobre todo, más satisfactoria para los interesados que acudir al juzgado. Incluso cuando no se alcanzan acuerdos la mediación ofrece resultados: "Al menos, gracias al mediador, hemos podido hablar después de seis meses de no dirigirnos la palabra", me decía una pareja que se estaba divorciando.

Partiendo de esas ventajas, muchas administraciones públicas han apostado por la mediación para gestionar mejor una conflictividad que no deja de crecer en una sociedad compleja como la que vivimos. No obstante, esa apuesta no está siendo igual de intensa en todas los lugares, pues frente a comunidades como Cataluña que han impulsado decididamente la mediación, otras, como Andalucía, no terminan de incluirla entre las prioridades de las agendas políticas.

La timidez, por no decir pasividad, de la Administración andaluza en el campo de la mediación está ampliamente constatada. La ley sobre mediación familiar tardó demasiado en publicarse y está teniendo muy escasa aplicación práctica. La fundación pública Mediara, concebida como el instrumento para difundir la mediación en Andalucía, languidece sin medios ni presupuesto y funciona por el esfuerzo de su actual directora, Pilar Calatayud. Los servicios de información sobre mediación intrajudicial en juzgados y tribunales, que la ley obliga a poner en marcha, llevan dos años y medio sin entrar en funcionamiento. Las experiencias piloto en mediación penal de adultos desarrolladas en Málaga están empezando a ser clausuradas, al serles retirado el escaso apoyo que se les prestaba. Iniciativas de mediación intrajudicial en el ámbito civil y mercantil están paralizadas por falta de espacio en los edificios judiciales.

Ese escaso interés por la mediación de la Administración, contrasta con la apuesta que otras instituciones andaluzas han hecho por la mediación como método de resolución de conflictos. Las universidades vienen formando a mediadores desde hace años. Servicios de mediación andaluces, como el de los juzgados de Familia de Málaga, han sido pioneros y son referente nacional por su buen funcionamiento. Colegios de abogados, notarios, psicólogos, graduados sociales, diplomados en trabajo social, médicos, arquitectos o las Cámaras de Comercio han integrado la mediación en su ámbito de trabajo. Cientos de mediadores andaluces están trabajando de forma gratuita con la finalidad de dar a conocer la mediación, realizando una gran labor no siempre valorada. En definitiva, hay un tejido "civil" para que la mediación arraigue en Andalucía que no se ve apoyado por los poderes públicos.

La falta de sensibilidad de las administraciones hacia los beneficios de la mediación está impidiendo una consolidación de la mediación en Andalucía, quedando reducida a iniciativas "voluntaristas" más o menos exitosas pero de limitado impacto social. Se priva así a muchos andaluces de una forma de abordar los conflictos que en otros lugares está dando magníficos resultados.

Y no valen argumentos económicos. La mediación no es un gasto más, pues invirtiendo en mediación ahorraremos en justicia, en seguridad y en muchas prestaciones sociales derivadas de la conflictividad mal gestionada. Además, fomentaremos una cultura de paz y valores democráticos tan necesarios como el diálogo, el acuerdo y la autorresponsabilidad de los ciudadanos.

Con esas premisas, la pregunta resulta obvia: ¿por qué no se apoya la mediación en Andalucía?