YA está tardando Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos en su condición de secretario del Proceso Constituyente y del Programa de esta organización, en afrontar las denuncias que pesan sobre su trabajo de asesoramiento a los gobiernos del eje bolivariano. Tiene dos opciones: o dar una explicación contundente o dimitir.

¿Y por qué habría de dimitir si no se explica? Pues porque el éxito de Podemos en un amplio sector de la sociedad española no nace de un programa que no tiene -lo ha ido cambiando y aún lo cambiará más en los próximos meses- ni en el atractivo de un fenómeno mediático que atiende por Pablo Iglesias, sino por su discurso contra la casta y la corrupción (valga la redundancia, según su versión). Es Podemos el que ha colocado tan alto el listón de la ética civil y política, y no existe ninguna razón objetiva para no exigir a sus líderes lo que ellos exigen a los demás.

Se exige transparencia, honestidad, moralidad estricta en el uso de los cargos públicos y las instituciones. Monedero está siendo investigado doblemente después de haber cobrado 425.000 euros por asesorar a los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia sobre una hipotética moneda común, pese a que es politólogo, no experto monetario.

Le investiga la Agencia Tributaria por si defraudó al declarar estos ingresos, ciertamente sustanciosos. A ver: prestó sus servicios de asesoría en 2010, pero los cobró en 2013 y a través de una sociedad mercantil creada al efecto (tres años más tarde, pues), ahorrándose la pasta que le habría supuesto tributar los 425.000 euros como persona física. Y le investiga la Universidad Complutense, de la que es profesor titular, porque estaba obligado por ley a pedir autorización a las autoridades universitarias para compatibilizar su labor docente con una investigación externa y también estaba obligado a ceder a la Complutense un porcentaje no superior al 20% de los ingresos percibidos por el asesoramiento, por el uso de las infraestructuras, materiales y servicios de su centro.

Si no aclara todo esto, abona la sospecha de que los 425.000 euros fueron, en realidad, la aportación de los bolivarianos a la financiación de Podemos dentro de las fraternales relaciones de cooperación revolucionaria entre los dos continentes. Pero, sobre todo, destruye el discurso del partido que comanda. Dimitiendo, al menos, aliviaría el daño que ya le ha causado.