DESDE hace algún tiempo estamos observando la afluencia de artículos de opinión, columnas y comentarios de prensa en los se arremete contra la ministra Bibiana Aído por dar cumplimiento al desarrollo de la Ley de Igualdad, que fue aprobada por las Cortes Generales, la institución que representa la voluntad popular. Los artículos tratan de descalificar las medidas recogidas en esta ley y que van encaminadas a evitar la discriminación de las mujeres en el mundo empresarial. Estas medidas pretenden facilitar la promoción profesional, la igualdad salarial y la incorporación de medidas encaminadas a conciliar la actividad profesional con la vida familiar, entre otros asuntos.

Las mujeres somos la mayoría de la población nacional, y también mundial, y parece lógico que también aportemos a la sociedad la mayoría de inteligencias, de habilidades y de capacidades. En fin, que parece un despilfarro que se pierda la riqueza que la mayoría de la población puede dar a nuestra sociedad.

Por otra parte, ni las mujeres estamos dispuestas a volver a estar recluidas en el ámbito familiar ni las condiciones económico-sociales lo permiten ¿Cuántas familias se pueden permitir vivir con un solo sueldo? ¿Quién cotizará para pagar las pensiones? ¿Quién pagará a la Hacienda Pública para mantener el crecimiento económico y el Estado del bienestar? Parte de la sociedad está dispuesta a admitir la aportación económica de las mujeres, pero hay quienes quieren cerrar la posibilidad de competir profesionalmente con los hombres. Este sector social considera que el trabajo de las mujeres debe ser una ayuda a la economía familiar, pero siempre que los salarios y las oportunidades no sean las mismas que las de nuestros compañeros.

Para defender esa posición argumentan que debe ser el talento, el mérito y la capacidad las cualidades que primen para ocupar un puesto, y lo compartiríamos si las mujeres partieran de la misma situación que los hombres. En tal situación no serían necesarias las medidas de discriminación positiva. ¿Acaso no saben que a las mujeres en las entrevistas de trabajo se les pregunta si tienen novio, si van a casarse o si tendrán hijos? ¿Qué tienen que ver esas preguntas con el talento, el mérito y la capacidad? ¿A cuántos hombres les hacen esas preguntas? Y esto es extensivo a otros muchos ámbitos, como la mayoría de las mujeres desgraciadamente sí conocemos.

La maternidad, necesaria para evitar el envejecimiento de la población, se convierte en un obstáculo para el acceso y desarrollo de la vida profesional de las mujeres aun cuando, sin embargo, obtienen los mejores expedientes en la universidad, ganan mayoritariamente las oposiciones y obtienen mejores resultados en todos los ámbitos donde la objetividad está garantizada.

La argumentación es interminable e imposible de resumir en este artículo. Sin embargo, llama la atención la algarada que, a cada poco, surge contra la ministra Aído, contra las mujeres víctimas de violencia de género, acusándolas de denunciar falsamente a sus agresores, y ahora contra las que estos personajes llaman "feministas radicales". Personalmente, me gustaría que dieran datos concretos sobre los que basar una discusión seria y comprometida, porque, como decía al comienzo del artículo, la ministra cumple con su obligación desarrollando la ley aprobada por el Parlamento. La falsedad en las denuncias de las mujeres por causa de la violencia es, según datos oficiales, la más baja de todos los delitos que se comenten en España, y el término "feministas" parece necesariamente unido al de "radicales", como si no hubiera un feminismo que no pudiera ser tachado de radical.

Se trata de argumentaciones en las que los prejuicios, la cerrazón y la visión de la vida en términos de "lucha de sexos" marcan el contenido de las posiciones, olvidando el sentido común, la honestidad y la justicia. O dicho en términos más llanos, y siguiendo una máxima prestada: "Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por su experiencia".