Un 29,5% de los ayuntamientos sevillanos, 31 del total de 105 existentes en la provincia, elude someterse al control de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA). Así lo revela el último informe de fiscalización presentado por la institución sobre el sector público local, correspondiente al ejercicio de 2005, en el que se también se expone que 54 empresas públicas municipales, 18 organismos autónomos, doce mancomunidades y diez consorcios tampoco dieron cuenta de su situación económica y financiera al citado órgano.

Estos datos muestran un empeoramiento de la situación respecto al año anterior, cuando la rendición de cuentas fue cuatro puntos porcentuales mayor, pero la perspectiva es pesimista puesto que, según el consejero mayor de la institución, Rafael Navas, los datos recabados hasta el pasado mes de noviembre respecto al ejercicio de 2006 son aún peores.

Si bien el artículo 11 de la Ley de la Cámara de Cuentas establece que "las cuentas de las Corporaciones Locales se presentarán dentro del mes siguiente a su aprobación por los respectivos plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio económico a que se refieran" -obligación que se hace extensible a los organismos autónomos, empresas municipales, consorcios y mancomunidades- este precepto no siempre se cumple.

El 86% de los andaluces reside en municipios cuyos ayuntamientos cumplen con la Ley de la CCA -gracias al rigor que muestran las capitales de provincia y el resto de ciudades más pobladas- pero existe un buen número de consistorios de tamaño medio y pequeño que pasa por alto sus obligaciones.

En el caso de Sevilla destacaron en 2005 por su dejación ayuntamientos del peso de Écija, Coria del Río y Tomares. "Existe un empeoramiento inexplicable de la situación", confiesa Navas, quien apuesta por cerrar el grifo de los fondos a los consistorios que mantengan en opaco sus cuentas.

"Algo debe hacerse mediante algún mecanismo normativo", indica el consejero mayor, que apunta a la Ley de Haciendas Locales prevista en el nuevo Estatuto o la modificación de la la Ley de la CCA como solución. Para Navas, los ejemplos a seguir son el del País Vasco y Cataluña, donde ya existen fórmulas para que los municipios presenten sus cuentas en plazo y forma so pena de verse privados de las transferencias de las administraciones de las que dependen financieramente, caso de las diputaciones forales o la Generalitat.

"Es cierto que la mayoría de los ayuntamientos carece de medios para atender la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, pero la transparencia no puede ser sustituida por el oscurantismo", apunta el máximo responsable del órgano auditor, a cuyo juicio es imprescindible poner un horizonte temporal para acabar con esta situación.

El informe de 2005 revela detalles tan descriptivos como el del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, que presentó de una tacada las cuentas correspondientes a seis ejercicios (de 1999 a 2004) o los de Carmona, Brenes y Villanueva del Ariscal, que liquidaron los correspondientes a entre 2002 y 2005.

Las provincias de Málaga y Córdoba destacan con porcentajes de rendición respecto a la población iguales o superiores al 90%, mientras que Granada, con un 75%, es la que menor cobertura poblacional ofrece en cuanto al nivel de cumplimiento de sus obligaciones.