El personal de la Diputación de Sevilla que tenía previsto seguir cobrando en febrero por ocupar puestos de superior categoría o que iba a recibir premios por su jubilación a los 65 años o a la constancia, pese a que son conceptos cuestionados por la Cámara de Cuentas, no podrá hacerlo. Un nuevo informe del interventor, del día 5 de febrero, ha alertado de que deben excluirse de la nómina o "efectuará reparo por escrito que suspenderá la tramitación de la misma". En todo caso, emplaza al presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, a resolver su disconformidad, aprobando los pagos por decreto, algo improbable por las consecuencias penales que pudiera tener si hay denuncia.

Este nuevo informe llega a pesar que dichos conceptos sí se han abonado en enero, después de que en el último Pleno y tras una sonora protesta del personal, el PSOE, Participa Sevilla e IU aprobaran mantenerlos al menos hasta el 31 de marzo, el plazo que tiene una comisión técnica que se ha creado para buscar alternativas a todos los asuntos que ha cuestionado la Cámara de Cuentas en su último informe, que también afecta a las subvenciones.

En principio, el acuerdo contó con el visto bueno del secretario y del interventor. Pero, ahora, éste defiende que su función es "personal, irrenunciable y que, en ningún caso, su responsabilidad puede delegarse en una comisión técnica que podrá proponer asuntos sobre la mejora de los procedimientos, ni en un acuerdo de Pleno". También recuerda que el acuerdo de levantar la suspensión se aprobó sin "los informes previos oportunos y cuya aplicación práctica necesita del inicio de su tramitación administrativa". Así, considera ahora que la suspensión de los complementos no debe demorarse y no estarán en la nómina de febrero.

Fuentes del gobierno socialista destacaron que, a pesar de la nueva situación, se sigue negociando con el personal para hallar alternativas. El comité de empresa y la junta de personal ya habían retirado, como se acordó en el último pleno, los recursos y denuncias que habían puesto por la forma de actuar del gobierno. El personal defiende la legalidad de los complementos, recogidos en convenios que han sido informados favorablemente y publicados, sin que ninguna administración los recurriera. El PP, por su parte, ya alertó de la inseguridad jurídica que se estaba creando.

El complemento por jubilación ordinaria a los 65 años costó a la Diputación casi 250.000 euros en 2012; el premio a la constancia -ingresos que los trabajadores reciben cuando cumplen 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio-, sumaron casi 796.000 euros. En el caso del modelo retributivo del personal en superior categoría, la Cámara indica que el procedimiento de selección se realizó conculcando los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad.