Monteseirín medió para recolocar a Castaño en la fundación DeSevilla

Sólo cuatro días después de las elecciones municipales, el alcalde en funciones solicitó la incoporación del ex asesor del Grupo Municipal Socialista, que está imputado en las causas de Mercasevilla y Unidad.

El ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín medió en la reincorporación a la fundación DeSevilla de Domingo Enrique Castaño, ex asesor del grupo municipal socialista y que está actualmente imputado en las dos principales causas judiciales abiertas relacionadas con el anterior gobierno socialista de la ciudad: las irregularidades detectadas en la empresa pública mixta Mercasevilla y el caso de las facturas falsas destapado en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad.

La carta firmada por Alfredo Sánchez Monteseirín, en su condición de presidente de la fundación DeSevilla, está fechada el 26 de mayo pasado, tan sólo cuatro días después de las elecciones municipales en las que el PP arrebató la Alcaldía a los socialistas. La misiva iba dirigida al entonces gerente de la entidad, Miguel López Adán (IU), dado que esta fundación formaba parte durante el pasado mandato de la delegación de Relaciones Institucionales, dirigida por Antonio Rodrigo Torrijos. En la carta, que fue registrada en la fundación al día siguiente, el 27 de mayo, Monteseirín solicita al gerente que "tramite" la incorporación a la fundación de Domingo Enrique Castaño "a partir del próximo 1 de junio, adscrito a la asesoría jurídica y con la categoría III del convenio colectivo aplicable". De acuerdo con esta categoría, según refleja el documento que aparece junto a esta información, el estrecho colaborador de Monteseirín -que había solicitado su reingreso en diciembre de 2010- cobraría un salario mensual de 2.500 euros (30.000 euros anuales) más dos pagas extras por el mismo importe, lo que representan otros 5.000 euros.

La solicitud de incorporación de Domingo Enrique Castaño a la asesoría jurídica de la fundación DeSevilla se produjo cuando el gobierno de Monteseirín se hallaba ya en funciones, ya que la constitución de la nueva corporación no tuvo lugar hasta el 11 de junio. Domingo Enrique Castaño es una de las 16 personas que están actualmente imputadas en una de las variantes del caso Mercasevilla, en concreto, en la que se investiga la presunta adjudicación irregular de los suelos del mercado central de abastos a una filial de la constructora Sando. El ex asesor del Grupo Municipal Socialista también está imputado en la investigación de las facturas falsas de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad.

La vuelta de Domingo Enrique Castaño a DeSevilla coincidió con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que se han acogido 12 empleados de la fundación, que también se decidió tras las elecciones municipales y que fue autorizado por la Junta de Andalucía el 30 de junio, cuando el PP no llevaba aún ni un mes en el gobierno municipal.

Los concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla salieron ayer al paso de esta información para asegurar que el ERE que se llevó a cabo en la fundación respondía a la promesa del PP de eliminar la entidad si accedía a la Alcaldía y defendió la legalidad del expediente. Según IU, el ERE promovido responde a la finalización de los "contratos asociados a proyectos sociales y de cooperación" que la fundación desarrolló durante el mandato anterior y no se trataba de una opción sino de una "exigencia legal", dado que al tratarse de la extinción de más de diez contratos en una empresa con menos de 100 empleados, había que acudir a la figura del ERE, de acuerdo con en el estatuto de los trabajadores.

Los concejales de IU precisaron que ninguno de los empleados que se acogieron a este expediente ha disfrutado de "una medida extraordinaria o graciosa acordada en connivencia con la Junta de Andalucía", percibiendo 20 días por año trabajado y sin recibir ninguna ayuda autonómica o estatal, dado que el pago de las indemnizaciones se realizó con fondos de la fundación.

IU aseguró que la extinción de estos puestos "debía producirse antes o después, ya que los proyectos sociales no iban a continuar" y señaló que la tramitación del ERE se inició tras las elecciones municipales, pero "sin prisas", y defendió que se informó al nuevo gobierno en una reunión que tuvo lugar pocos días después de las elecciones.