Las 49 entidades que gestionan centros de protección agrupadas en Accampa y Apaes denuncian que la Junta de Andalucía "ha decidido desmantelar la red de atención a los menores andaluces en situación de exclusión social o con problemas familiares", al apuntar al cierre de 271 plazas públicas en Andalucía, 40 de ellas en Sevilla.

Los responsables de estas casas hogares que acogen a niños tutelados por la Junta denuncian además que la administración está frenando las resoluciones de desamparo y la retirada de los niños de entornos familiares de riesgo, motivo por el cual existen plazas que no se ocupan en estos centros. "Nadie puede creer que durante la crisis hayan descendido el número de niños que necesitan protección económica y social, pero la Junta les ha dado la espalda y no los retira", denuncian. Durante 2012 se produjeron en Andalucía 2.699 notificaciones por denuncias de maltrato infantil.

Las organizaciones que forman parte de la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor Patronal Andaluza (Accampa) cuentan en Sevilla con diez centros de acogida, tres de los cuales se verán afectados por los recortes. Estas entidades recuerdan que, ya en junio de 2012, la Junta "decidió imponer un importante recorte económico de hasta el 20% en la asignación de menor por día, entre otros recortes". La eliminación de casi 300 plazas públicas en estos centros de acogida afectará ahora a un centenar de profesionales en Andalucía.

Accampa y Apaes lamentan "la gravedad de que se deje a los menores en esta situación, muchas veces en la calle y sin escolarizar, desnutridos o maltratados en familias desestructuradas", e inciden en que estos menores desprotegidos están condenados a la exclusión social y a caer en la delincuencia. "Tampoco se ha destinado ese dinero a trabajar en la recuperación de las familias desestructuradas y en exclusión social al fin de evitar la retirada de los menores", añaden.

La retirada de menores de sus familias biológicas se produce cuando los equipos municipales de trabajo social detectan situaciones de abandono, abuso y maltrato, pero es la Junta la que asume la tutela de los niños. Según denuncian los centros de acogida, "la Junta de Andalucía no acomete la retirada de niños de familias, salvo en casos ya extremos y reiterados de maltrato o abusos".