La Dirección General de Catrastro del Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de rebajar la valoración catastral de los suelos urbanizables que aún no estén desarrollados (que no tengan aún agua, luz, aceras..) de modo que sean valorados como suelos rústicos (en lugar de urbanos). Este cambio de valoración catastral supondría que sus dueños podrán pagar menos impuestos por estos suelos.

El Ministerio actúa así a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014 que falló que el valor catastral de un suelo urbanizable aún no desarrollado equivale al valor de un suelo rústico, y por tanto hay que pagar menos por él en concepto de impuestos. En declaraciones a Diario de Sevilla, la Dirección General de Catastro aclara que el Ministerio estudia aplicar este fallo del Supremo, relativo a una parcela de Badajoz de 170.000 metros cuadrados, al resto del país. Los cambios que se acuerden se introducirán en la futura modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario.

La Dirección General del Catastro y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han acordado este verano proponer la aprobación de una reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario que recoja los nuevos criterios de clasificación del suelo urbano y de los suelos urbanizables que no dispongan de un planeamiento de desarrollo, acordes con la mencionada sentencia, y que los ayuntamientos ofrezcan información a las Gerencias del Catastro, caso por caso, de los suelos urbanizables afectados, para que sean incorporados a las nuevas ponencias de valores que se aprueben en lo sucesivo.

La parcela extremeña en cuestión, a la que se refiere la sentencia del Supremo, fue valorada en 8,8 millones de euros a efectos de IBI por tener calificación catastral de suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo. Su dueño recurrió rechazando tal valoración y el Supremo le dio la razón y corrobora que su valor real es más bajo: 4,3 millones al ser el suelo equiparable a un suelo rústico, y no a uno urbano.

Las fuentes ministeriales agregan que Catastro tiene que revisar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de cada municipio, así como los planes parciales, para ver la cantidad de suelo calificado como urbanizable que queda por desarrollar y que podría acogerse a este cambio de valoración. Además, añaden que cuando concluya el estudio se responderá a la Defensora del Pueblo Español.

En agosto pasado, la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, pidió al Ministerio que plantee las reformas oportunas para que el IBI de los suelos sin urbanizar se adapte a la citada sentencia del Supremo.

El cambio restaría ingresos a los ayuntamientos por el IBI, e incluso tocaría al impuesto de plusvalía, y aliviaría a los promotores inmobiliarios y bancos que son dueños de esos suelos.

En Sevilla capital esta rebaja del valor catastral, si prospera, reduciría el pago de impuestos a los propietarios de la mayor parte de las bolsas de suelo urbanizable que siguen pendientes de urbanización y donde se ha previsto la expansión futura de la ciudad, tales como San Nicolás Oeste, donde Ikea quiere instalar su segunda tienda; la zona de Santa Bárbara, el Buen Aire, Los Bermejales, Guadaíra, Pítamo y Aeropuerto, por citar los ejemplos más conocidos.

La crisis económica tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha retrasado el desarrollo de estos suelos y sus propietarios (promotores inmobiliarios y bancos que se han quedado con estos activos al quebrar las empresas) están pagando más IBI del valor de mercado real de estos suelos.

El cambio no afectaría a suelos que ya están urbanizados como el Higuerón Sur o los suelos de la Hacienda El Rosario del constructor Gabriel Rojas.

Expertos inmobiliarios consultados por este periódico explican que ésta es "una bronca muy vieja y una batalla económica interesante" que hasta ahora no se había resuelto y que el Supremo ha abierto la vía para que cambien las cosas. Los ayuntamientos se resisten a este cambio por un interés de recaudación evidente en los suelos urbanizables aunque no se hayan desarrollado, añaden. Para los expertos, los ayuntamientos se resistirán a revisar sus posiciones mientras no haya una revisión estatal de los valores catastrales y añaden que es posible que si sale adelante el cambio los ayuntamientos tengan que revisar las liquidaciones del IBI de los últimos cinco años y otros impuestos afectados.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que preside Manuel Bermudo, considera que es "razonable" que no se pague como suelo urbano un terreno de patatales, y más en Sevilla, porque hay mucho suelo urbanizable que no se ha desarrollado por la crisis. Bermudo señala que las valoraciones catastrales que sirven para calcular los impuestos deben incluir los criterios que se usan para las expropiaciones, y así lo advierte la sentencia del Supremo.

Susana López, concejal del PSOE en Sevilla, valora positivamente la petición de la Defensora del Pueblo sobre el IBI por considerar que es uno de los impuestos que más recaudación aporta al Ayuntamiento y más coste le supone a los ciudadanos. Cree que hace tiempo que debía haberse bajado el IBI para aliviar a los muchos ciudadanos con dificultades en el pago de impuestos. La edil critica las subidas del IBI del gobierno de Zoido,sobre todo en 2012, y critica que la bajada del IBI este año "no ha sido en consonancia con el valor de la vivienda", en opinión del PSOE.