Desde que el Tribunal Supremo anulara la inclusión del proyecto de dragado del canal de navegación desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, por no explicarse o justificarse de forma "específica" en el plan los motivos por los que se quiere realizar esa obra, se produjo una tregua de casi cuatro meses entre las distintas partes implicadas. El final del armisticio tuvo lugar este martes, que era el último día para poder entregar en el registro las alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir, que se prevé que esté aprobado antes de fin de año.

La Plataforma Sevilla por su Puerto, formada por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), la Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO y UGT, presentaron sobre la bocina más de quinientas alegaciones al plan con el objetivo de poder optimizar la ejecución del dragado de profundidad que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, explicó que la inclusión de este proyecto en la actual fase de revisión del plan no supone su autorización definitiva, que está condicionada al cumplimiento de los requisitos de la declaración de impacto ambiental de este polémico dragado, y expuso que su inclusión como alegación subsana uno de los puntos esgrimidos por el Tribunal Supremo, que rechazó el proyecto porque se incluyó como una mera medida complementaria del plan hidrológico vigente. "Comprendemos que fue un error, pero si ahora se cumplen los once puntos de la declaración ambiental, la obra se podrá hacer". Romero piensa, al igual que la plataforma a favor del dragado del Guadalquivir, que los trabajos "son una actuación como otros en el río", y está justificado medioambientalmente por la Declaración de Impacto Ambiental.

"Las alegaciones refrendan la importancia del dragado para la economía de Sevilla y su zona de influencia", señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero. Desde la CES, Miguel Rus reiteró que el objetivo es que se cumplan todas las garantías medioambientales y en coordinación con todas las administraciones, recordando que están a la espera de poder entrevistarse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para exponerles el proyecto de dragado. Los representantes sindicales machacaron la idea de que el proyecto es vital para revitalizar la economía y el empleo de la provincia, pero siempre con la "intención de cumplir las prescripciones medioambientales, ya que estamos en disposición de cumplirlas".

Las alegaciones presentadas ayer no sólo fueron a favor de un dragado que prevé incrementar la profundidad de 6,8 metros a ocho metros en el tramo de la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, y de 6,5 metros hasta los 7,60 metros en el canal fluvial. Las asociaciones agrarias UPA y Areda incluyeron, aparte del rechazo a la profundización del río, una demanda para la modernización de todos los regadíos de la cuenca. "No tiene sentido mantener vivo el dragado sin que antes se produzca una recuperación total de este tramo del río, máxime cuando incluso se han producido pronunciamientos recientes de los tribunales contrarios al proyecto". Ambas entidades, entre otras propuestas, abogaron también por la reutilización de las aguas regeneradas para la consolidación de regadíos.

A todo esto. La Unesco votará en los próximos días (la fecha límite es el 8 de julio) pedir al Gobierno central que cancele el dragado. Todo viene motivado por las sugerencias realizadas por los observadores de esta organización, que animan a que se aliente "intensamente" al Estado a que mantenga un compromiso "permanente" para la cancelación del proyecto del dragado.