Los cinco grupos parlamentarios se unen para reclamar a través de una Proposición No de Ley la retirada del plan de atención temprana de la Junta, en vigor desde el 1 de julio, dirigido al cuidado de niños entre cero y seis años que sufren alguna discapacidad o trastorno en el desarrollo.

Los cuatro grupos de la oposición (PP, IU, Podemos y Ciudadanos) ya presentaron el 31 de julio un documento donde alertaban de que las familias veían "peligrar la calidad de la atención recibida por los niños". Texto al que hoy se unirá el PSOE con su firma, según confirma Francisco Vargas, portavoz del Comité de Salud del Parlamento Andaluz. "Solicitamos una mejora de la atención temprana", apunta Vargas, que asegura que el Grupo Socialista no se unió a la primera firma por una "descoordinación" entre las partes implicadas.

Esta Proposición No de Ley (PNL) -cuyos responsables pretenden que sea debatida en el primer pleno de septiembre- reclama, además de la retirada del acuerdo marco en vigor, "reubicar la atención temprana en el Servicio Andaluz de Salud" y "proceder al abono inmediato de la deuda que mantiene con las entidades en materia de atención temprana". La plataforma ciudadana de Atención Temprana de Andalucía asegura que la Junta adeuda a estas entidades más de 5 millones de euros, aunque la Consejería de Salud, por su parte, niega la existencia de tal deuda.

La financiación de las entidades que prestaban este servicio se realizaba hasta ahora a través de subvenciones y convenios con la Junta. El nuevo acuerdo plantea un sistema de conciertos. Esto, según fuentes del departamento dirigido por Aquilino Alonso, "permitirá que los abonos a las entidades, que hasta ahora tardaban casi un año por el propio procedimiento de pago de las subvenciones, se puedan realizar mes a mes". En este sentido, este mes, el BOJA publicó una convocatoria de subvenciones para programas de intervención temprana realizados en el primer semestre de este año con una dotación de dos millones, según informan desde Salud.

El Partido Popular de Sevilla, sin embargo, considera que el nuevo sistema de conciertos "es lo mismo que decir que la empresa privada entra en el sector social, que privatiza este sector", según Alicia Martínez. La parlamentaria del PP, que ayer visitó las instalaciones de Autismo Sevilla, apunta como "diferencia esencial" que "al concierto se van a presentar empresas con ánimo de lucro, mientras que organizaciones que no la tienen como Autismo Sevilla no se podrán beneficiar de ello a la hora de la puntuación en la adjudicación de los servicios".

Martínez hace hincapié en los "años" que esta asociación lleva "invirtiendo en la formación de los profesionales y la intensidad y calidad de la prestación": "Todo esto, la Junta lo va a tirar por la borda porque estas organizaciones no pueden prestar los servicios dentro de los costes ridículos y las condiciones que fija la Junta de Andalucía para la prestación de un servicio generalista".

La Junta defiende que de las 12 entidades de Sevilla que solicitaron en un primer momento el concierto, 11 lo firmaron, además de contar con el apoyo del Cermi Andalucía (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad).