Dejar fuera del debate de los presupuestos municipales de 2016 a Participa  Sevilla, el grupo que  precisamente dio a Juan Espadas su apoyo para su investidura como alcalde, ha costado muy caro al gobierno local, que ha recibido el primer varapalo judicial del mandato. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo de Participa Sevilla y ha declarado nulos los acuerdos plenarios que aprobaron el presupuesto de forma inicial y definitiva los días 26 de febrero y 30 de marzo, respectivamente.   

Dictado por la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo de Sevilla, el fallo acusa directamente a la presidenta del Pleno, cargo que ocupa la primera teniente de alcalde Carmen Castreño, de "vulnerar el artículo 23 de la Constitución española al impedir" la participación de este grupo político municipal "en un asunto público ejerciendo las funciones inherentes a su cargo", puesto que se sometió a votación la propuesta de los presupuestos municipales sin las enmiendas aportadas por la formación Participa Sevilla, "que no fueron sometidas a debate ni a votación, decidiéndose su no admisión a trámite", según rezan los fundamentos de derecho de la sentencia.

Según el Ministerio Fiscal, la presidencia de la Corporación rechazó las enmiendas sin motivar a cuál de los supuestos previstos en el artículo 64.3 del reglamento orgánico municipal se refería, lo que "limita el derecho del concejal a participar en los asuntos políticos sometidos al pleno".

El Alto Tribunal andaluz también ordena al Ayuntamiento socialista repetir el Pleno de presupuestos municipales de 2016 para su aprobación inicial "a fin de que se admitan a trámite y se sometan a debate y votación las enmiendas formuladas por los demandantes", una obligación judicial que el gobierno local espera no tener que cumplir si prospera su negociación política con Participa Sevilla.

El gobierno de Espadas trató ayer de quitar hierro al fallo asegurando de inmediato que "no es firme, que cabe recurso ante el Tribunal Supremo y que mantiene un diálogo con el grupo político denunciante, Participa Sevilla, para evitar que esta sentencia pueda causar daños a los ciudadanos". Fuentes de Alcaldía precisaron ayer que aún no está tomada la decisión de recurrir al Supremo, que lo prioritario es estudiar las consecuencias para la ciudad desde el punto de vista jurídico y administrativo, una tarea que ya ha comenzado el servicio de Intervención municipal. En suma, la idea de Alcaldía es "llegar a un acuerdo y que todo se resuelva por la vía política".

El grupo que ha logrado su primera victoria judicial ante el gobierno de Espadas, Participa Sevilla, se mostró ayer pletórico pero recalcó que los ciudadanos no se van a ver afectados. "La ciudad no se va a quedar sin presupuestos en vigor, ni nadie va a dejar de cobrar a final de mes, ni los servicios municipales se van a ver interrumpidos", insistió el concejal Julián Moreno, secretario interventor de profesión. Participa se alegra de la lección que ha dado al PSOE local. "Estamos contentos de que los tribunales nos den la razón y esperemos que nunca más tengamos que recurrir a ellos para que en el Consistorio se cumplan los derechos", sentenció Moreno.

Participa quiere que el Pleno de presupuestos se repita. "Esta repetición del Pleno no supone, en ningún caso, una suspensión cautelar de los presupuestos, sino que se repita el Pleno y se debatan y voten de nuevo las enmiendas y, por ende, los propios presupuestos", aclara.

El gobierno de la ciudad mantiene que el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para el 2016 "sigue en vigor y por tanto seguirán en marcha todas las tramitaciones administrativas de gastos e ingresos tras la sentencia del TSJA que no es firme y ante la que cabe recurso sin que, por tanto, tenga ninguna incidencia en estos momentos sobre la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento".

El edil de Participa recordó ayer que "en innumerables ocasiones, antes y después del propio Pleno, le pedimos a Espadas y Castreño que no utilizarán el Pleno como si fuera su cortijo. Ahora han tenido que ser los tribunales quienes les obliguen a respetar los derechos fundamentales en el Pleno de Sevilla", como entonces denunció Susana Serrano. Y añadió que la decisión fue "una ilegalidad por parte del PSOE y una falta de respeto a las cientos de personas que trabajaron para preparar las enmiendas", medidas efectivas contra el paro, por el derecho a la vivienda digna, en favor de la igualdad y contra la violencia de género o para mejorar los centros educativos y servicios sociales municipales.