Los casos de maltrato de los hijos hacia sus propios padres están aumentando en los últimos tres o cuatro años. Así lo confirma la coordinadora de la sección de menores de la Fiscalía de Sevilla, María Auxiliadora de la Rosa Moreno. Según las estadísticas de este órgano judicial, en 2008 se incoaron 327 expedientes por este motivo y, en lo que va de año, ya se ha sobrepasado esta cifra, un dato preocupante.

Amenazas e insultos, también destrozos en los muebles de la casa e incluso agresiones físicas que provocan lesiones, pues en algunos casos se utilizan cuchillos y navajas. Éstas son algunas de las conductas denunciadas por las familias de estos menores, que acuden al juzgado cuando la situación ya les desborda. "Normalmente es la madre quien denuncia porque suele ser también la víctima más débil; las familias no acuden tras el primer caso, sino cuando llevan mucho tiempo padeciendo estas agresiones y comprenden que la situación ya es insostenible", confirma De la Rosa.

La vida en familia se convierte en estos casos en un auténtico infierno y los padres, después de intentar solucionar el conflicto a través de los servicios sociales y otras instituciones, no ven otra salida que acudir a la Fiscalía a denunciar a sus propios hijos. "Creo que eso es lo más duro para ellos, pero lo hacen después de pasar hasta tres y cuatro años aguantando", comenta la coordinadora de menores de la Fiscalía.

La preocupación no sólo crece por el aumento de los datos, también por el cambio en el perfil del agresor: cada vez hay más chicas y ya se dan casos a los 14 y 15 años. Los maltratadores pertenecen a todos los extractos sociales y tienen una media de 16 o 17 años. "Yo creo que realmente sí que influye el hecho de que sean familias desestructuradas, según se desprende de los informes de los equipos técnicos", advierte De la Rosa.

En definitiva, son "pequeños dictadores", en palabras de Salvador Pérez Piña, abogado especializado en menores, que asegura que el maltrato psicológico es el más frecuente en el seno familiar. "Esto suele suceder por una superprotección y sobrevaloración hacia el menor que no admite el no por respuesta, lo que desencadena una serie de insultos y amenazas que llega hasta la agresión física", explica el letrado.

Entre los casos consultados para este reportaje figura el de un adolescente de 14 años que, durante seis meses, maltrató de manera sistemática a su madre por razones tan increíbles como la prohibición de hablar por el teléfono móvil debido al elevado importe de la factura.

El abogado Pérez Piña también recuerda el caso de una pareja sevillana que había adoptado a a dos menores, un niño de 16 años y una niña de 12: "El varón, de forma continua y en presencia de sus padres, agredía a su hermana, no soportaba que le dijera que no a cualquier cosa y su tiranía llegaba al punto de no respetar sus pertenencias y se apropiaba de todo", recuerda el letrado. Las agresiones de este menor, con el tiempo, pasaron de ser verbales a físicas e incluso hubo lesiones. El caso llegó a juicio, al que tuvieron que asistir tanto los padres como la menor, aunque no fue necesario que declarasen al llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. La medida impuesta fue el ingreso del joven en un piso tutelado como medida cautelar por un año. "Actualmente ha vuelto a reincidir, de nuevo agresiones familiares, y ha vuelto a un piso tutelado", concluye Pérez Piña.

La reincidencia de estos menores es habitual y sucede, según las estadísticas, antes de que se llegue a aplicar ninguna medida. El retraso de la Justicia hace que, en muchas ocasiones, la agresión vuelva a producirse. "Cuando han cumplido la medida impuesta la situación mejora porque el tratamiento que se les aplica suele ser eficaz", asegura De la Rosa.

El problema, sin embargo, es que el procedimiento se alarga en muchas ocasiones por la falta de medios y la atención no da los resultados esperados. "Tras recibir las denuncias e iniciar la instrucción hay niños citados para dentro de siete meses para la entrevista con el equipo técnico, creo que eso no es beneficioso, porque la Justicia tiene que ser rápida y, en materia de menores, inmediata", admite la coordinadora de la sección de menores.

El proceso se inicia una vez que los padres acuden a la Fiscalía para formalizar la denuncia: se toma declaración a la familia para que, de manera explícita, se describan y concreten los malos tratos y a continuación se cita al menor en la Fiscalía para que sea examinado por un equipo técnico. "Tenemos pocos equipos y nunca están completos, por lo que hay retraso", confirma la fiscal.

Tras oír a los padres, al menor y a los técnicos -y después de indagar si hay personas ajenas al entorno familiar que hayan podido presenciar el maltrato para que presten declaración-, se cierra la instrucción. "El procedimiento es corto y lo hacemos con carácter prioritario", asegura De la Rosa. Luego se juzga y se dicta sentencia. La ejecución depende ya de la Consejería de Justicia, que también se encarga de reinsertar a los menores.