El 98% de los enfermos mentales graves logran llevar una vida plena gracias a las distintas terapias, pero los expertos advierten que un grupo reducido de estos pacientes, el 2%, presentan importantes problemas para vivir en comunidad porque, entre otras causas, no responden al tratamiento. La escasez de recursos asistenciales para atender, de manera adecuada, a los casos más complicados es palpable en las unidades de agudos de los hospitales, en la Fiscalía de Sevilla, en la oficina del Defensor del Pueblo y en las distintas asociaciones, donde las familias suelen acudir para buscar ayuda ante la imposibilidad de controlar al enfermo.

"Los recursos asistenciales para estos pacientes se tienen que multiplicar y la crisis no puede ser una excusa. La deuda con ellos es histórica", explica Luis Pizarro, responsable del área de Sanidad en la Oficina del Defensor del Pueblo. Cada año, al despacho de Luis Pizarro llegan en torno a 500 quejas de ciudadanos por una asistencia sanitaria recibida y un 10% de estas denuncias están motivadas por la atención a enfermos mentales.

La reforma psiquiátrica de principios de los años 80 del siglo XX permitió eliminar los manicomios, centros que hoy en día son considerados por los expertos como una aberración en salud mental. Al desaparecer el manicomio, se dejó en manos de las familias y de la comunidad a los enfermos mentales y comenzó a crearse una red de centros asistenciales. "El problema está en que realmente no se ha llegado a crear la red de centros necesaria para responder a las necesidades de estos enfermos mentales. Y muchos de ellos terminan abandonados en la calle o encerrados en la cárcel", añade Pizarro. Los distintos dispositivos sanitarios para estos pacientes -unidades de agudos hospitalarias, comunidades terapéuticas, unidades de día, casas hogar, etcétera- disponen de plazas "insuficientes" y están orientados para estancias cortas y medias. La Oficina del Defensor del Pueblo incide en una recomendación a la Junta que ya es histórica en los informes anuales: la creación de un plan individualizado de atención que incorpore los medios necesarios para llevar a efecto un tratamiento asertivo e intensivo.

Ante la falta de una respuesta adecuada a los casos más graves, el itinerario que suele ser habitual para estas personas comienza con el ingreso en el hospital durante tres o cuatros días donde reciben un tratamiento de choque tras un brote; después, vuelven a casa, donde el problema vuelve a surgir y, de nuevo, necesitan ingresar. Durante 2010 se registraron hasta 1.080 ingresos involuntarios en las unidades de agudos del Virgen del Rocío y el Virgen Macarena. Cuando el problema termina en un acto violento, el siguiente ingreso suele ser la cárcel, "un lugar inadecuado para ellos", asevera Pizarro. Para las cuidadoras, que en la mayoría de los casos son las madres, estos problemas suelen generar una sobrecarga familiar que, a veces, es insostenible.

Para los enfermos mentales graves que además sufren drogodependencias, que van en aumento, "no existe ningún servicio asistencial adaptado". Cuando las sustancias estupefacientes están presentes, los problemas del enfermo mental se agravan de manera exponencial y pueden desembocar en situaciones violentas. La Fiscalía de Sevilla también es testigo de esta problemática. Durante 2010, la sección dedicada a los asuntos de discapacidad en la Ministerio Público abrió 1.000 diligencias de incapacidad, de las cuales un 30% se refieren a casos de enfermedad mental. "Estamos detectando más jóvenes que consumen drogas con problemas mentales", advierte el fiscal Norberto Sotomayor. En estos casos, "las anfetaminas son como la anilla que activa una bomba", que en este caso son dolencias mentales graves como la esquizofrenia.

Para Sotomayor también resulta necesaria "la creación de plazas públicas para realizar un control exhaustivo de estos enfermos con estancias de ingreso largas". Cuando el enfermo mental grave es toxicómano, el tratamiento es más complejo. Sotomayor comenta que para estos casos existe una gran "descoordinación entre servicios sociales y sanidad. La compenetración de las dos áreas resulta necesaria". Muchas de estos enfermos "van a los juzgados de guardia de mano de sus padres, que terminan vencidos, y acuden a la Administración de Justicia para buscar una salida". En la sección de discapacidad de la Fiscalía estas situaciones generan "impotencia y frustración" a los trabajadores del Ministerio Público ante la falta de recursos para dar una respuesta a estas familias. Una de las líneas de trabajo impulsada por el fiscal, con la colaboración del Defensor del Pueblo, es convocar mesas de coordinación entre las distintas administraciones y entidades implicadas (Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Faisem y Administración de Justicia). "Se ha logrado que los equipos de salud mental se trasladen hasta la casa del enfermo ante una urgencia psiquiátrica", añade Sotomayor, pero el "camino es aún largo".

El catedrático en Psiquiatría y miembro de la sociedad española de esta especialidad, José Giner, incide en que lo ideal para atender a estos pacientes sería una especie de "UCI para las enfermedades mentales" pero reconoce que sería muy costoso. Mientras tanto, Giner propone que, al menos "la cárcel, donde viven recluidos, atienda a los presos con el mismo sistema sanitario que hay en el exterior". El doctor Giner incide en que la esquizofrenia no provoca violencia, pero existe "un número reducido de pacientes que no pueden vivir en la comunidad porque al no ser conscientes de la enfermedad, no se toman la medicación". Estos enfermos piensan que los están persiguiendo y que existe un complot contra ellos, y por ello se niegan a tomar los medicamentos.

Ante las numerosas dificultades de las familias, la presidenta de la federación de familiares de enfermos mentales (Feafes), Concepción Cuevas, exige "a la Junta de Andalucía que se trate a los enfermos mentales como a cualquier otro enfermo y que dé respuesta a todos los casos".