Después de once meses en prisión, Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex secretario del distrito Macarena José Marín, condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por el caso de las facturas falsas, un régimen de prisión atenuada que le permite trabajar por las mañanas y regresar al centro penitenciario sólo para dormir.

La decisión fue adoptada en febrero pasado por Instituciones Penitenciarias, cuando José Marín, que ingresó voluntariamente en la cárcel el 7 de abril de 2010, había cumplido 11 meses de la condena. Marín fue trasladado entonces de la prisión de Sevilla-I al Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa.

El ex secretario del distrito Macarena sigue clasificado en segundo grado penitenciario, el régimen ordinario que disfrutan la mayoría de los internos, pero Instituciones Penitenciarias le ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que establece la posibilidad de adoptar un modelo de ejecución de la pena en el que pueden combinarse aspectos característicos de cada uno de los distintos grados -el tercer grado es el que permite salir a trabajar y regresar a dormir al centro-, "siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado".

El mismo artículo del reglamento penitenciario señala que esta "medida excepcional" necesita de la aprobación posterior del juzgado de Vigilancia Penitenciaria, algo que todavía no se ha producido dado que la medida se ejecuta de forma inmediata y posteriormente se comunica al juzgado para que se pronuncie sobre la misma.

Fuentes próximas a Instituciones Penitenciarias explicaron ayer a este periódico que a la hora de aplicar la "medida excepcional" que prevé el reglamento penitenciario se ha valorado la antigüedad de los hechos por los que fue condenado Marín, que se remontan a finales de 2002, así como que durante todo este tiempo ha respetado la ley y no ha vuelto a delinquir, así como la satisfacción de las responsabilidades civiles que le fueron impuestas en la sentencia: la indemnización de 5.901 euros al Ayuntamiento por las facturas pagadas por el distrito y que no habían sido ejecutadas.

La medida que se ha adoptado con Marín es la misma que pudieron disfrutar el pasado año 26 internos de la cárcel de Sevilla-I, donde hay una población reclusa compuesta por unas 1.500 personas. En 2008 se contabilizaron 68 casos de prisión atenuada frente a los 26 de 2010.

En el Centro de Inserción Social (CIS) había a 31 de diciembre de 2010 un total de 347 internos, de los cuales 35 disfrutaban de una medida similar a la que se ha otorgado a José Marín.

Hace unos años, Instituciones Penitenciarias aplicó el mismo artículo, salvando las distancias entre ambos casos, para atenuar la prisión en 2007 al etarra José Ignacio de Juana Chaos, que llevaba 115 días en huelga de hambre. El etarra había sido condenado a tres años de prisión y aún le quedaba la mitad de la pena por cumplir. El deterioro del estado de salud del terrorista y el hecho de que la pena que le quedaba por cumplir era muy reducida llevaron al Gobierno a promover la aplicación de la prisión atenuada manteniéndole en segundo grado penitenciario. En aquel caso, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro Antonio, avaló la medida porque, según señaló en un auto, el modelo de ejecución promovido por Instituciones Penitenciarias no constituía ningún beneficio penitenciario y se fundamentaba en un principio de humanidad y respeto pleno al derecho a la vida.

El ex secretario el distrito Macarena está pendiente de la decisión que el Gobierno pueda adoptar respecto al indulto que solicitó la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), donde ha vuelto a trabajar coincidiendo con la nueva modalidad de cumplimiento de la pena.

La Fiscalía de Sevilla se opuso en su día a la concesión del indulto, al considerar que únicamente el buen comportamiento de Marín "no es motivo" para solicitar esta medida de gracia y que tampoco bastaba que el ex secretario del distrito haya satisfecho las responsabilidades civiles. El Consistorio hispalense fue la única parte que, paradójicamente, apoyó el indulto de José Marín, dado que esta administración fue la que resultó perjudicada por las irregularidades detectadas en el distrito Macarena.

José Marín fue condenado por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por un jurado popular, que también se opuso, por una diferencia de ocho votos a uno, a la concesión del indulto. El Gobierno deberá pronunciarse en los próximos meses sobre el indulto solicitado por el ex secretario del distrito Macarena.