Hace unos días, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciaba, tras una visita a la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Palomares del Río, la más importante en el Aljarafe, el esfuerzo inversor que se va a hacer en la materia en la provincia en los próximos años, con casi 36 millones de euros concertados, financiados con el canon de mejora que se cobra desde hace años en las facturas a los usuarios, para nuevas infraestructuras o mejorar las que existen.

Pero lo cierto es que el retraso con el que se van a ejecutar algunos de esos proyectos sigue suponiendo un sobrecoste para los ayuntamientos en forma de sanciones. En teoría, la directiva marco de la UE en materia de aguas obligaba a que, desde 2016, los municipios depuraran al 100% sus aguas urbanas, algo que no ocurre todavía en un buen número de municipios, si bien sólo suponen el 15% de la población. Algunas de estas depuradoras debía impulsarlas la Junta, con ese canon.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sólo entre los meses de enero y noviembre de 2016 -es decir, sin finalizar del todo el balance anual, que no cierra hasta marzo- se pusieron un total de 57 sanciones por vertidos en el conjunto de la provincia de Sevilla, por un montante económico que supera los 280.000 euros. El 90% de esos 57 expedientes sancionadores, es decir, más de medio centenar, recayeron en ayuntamientos de Sevilla, según las mismas fuentes del organismo, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. La CHG no facilita la relación de localidades afectadas, pero un portavoz de la entidad precisó que son de varias comarcas sevillanas y hay ayuntamientos de distinto tamaño. Normalmente, esas sanciones se deben a vertidos de aguas residuales sin depurar que se realizan sin autorización, directamente a los cauces, y el número podría aumentar considerablemente con los casos que se cierren en ese último mes del año que falta por contabilizar.

A lo largo de 2015, antes de que entrara en vigor esa última fase de la directiva europea que vincula a España, el número de sanciones por vertidos no autorizados en la provincia de Sevilla ascendió a 85 y también en un 90% recayeron en ayuntamientos. La cifra va en ascenso, porque el año 2013 se cerró con 34 sanciones y, a diferencia de lo que ocurre ahora, la mayoría fueron a particulares: un total de 18 frente a 16 ayuntamientos, según los datos de la Comisaría de Aguas que entonces también facilitó la CHG. En el año 2012, de 37 expedientes, 22 afectaron también a ayuntamientos de la provincia de Sevilla.

En cuanto al pequeño porcentaje de particulares y empresas sancionadas entre enero y noviembre de 2016, hay agroindustrias y, como suele ser habitual, varios casos de granjas de animales que vierten purines sin autorización a los cauces.