La Universidad de Sevilla sabe que actuó tarde en el escándalo de los abusos sexuales del catedrático de Ciencias de la Educación Santiago Romero Granados y está dispuesta a corregir sus errores. El comité de Seguridad y Salud de la Hispalense anunció ayer que modificará el protocolo para los casos de acoso. Así lo anunció la Hispalense tras una reunión extraordinaria del comité que tuvo lugar 12 días después de que el rector, Miguel Ángel Castro, pidiera perdón a las víctimas y a la sociedad por los errores cometidos por la institución académica en el caso de Santiago Romero Granados, que ha sido condenado por un juzgado de lo Penal de Sevilla a siete años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de dos profesoras y de una becaria de investigación.

El comité, que estuvo presidido por la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López y contó con presencia de los delegados de prevención de la plantilla docente e investigadora (PDI) y de Administración y Servicios (PAS), se comprometió ayer a trabajar durante el mes de febrero en la "evaluación y propuesta de modificación de los procedimientos de atención y prevención de conductas que atenten contra la dignidad de las personas, incluido el protocolo de acoso".

Los representantes de este grupo lamentaron "firmemente" los abusos sexuales continuados que sufrieron las dos profesoras y una becaria, mostrando además su "total apoyo a las víctimas". El comité "reconoce, admira y agradece su valentía y muestra su absoluta repulsa y condena a todas aquellas conductas que atenten contra la dignidad y la libertad de las personas".

Por ellos, el comité se ha comprometido a investigar y evaluar las "actuaciones realizadas hasta el momento", para llevar a cabo las mejoras que se estimen necesarias, "escuchando muy especialmente la voz de estas tres mujeres que han sido víctimas"; y sin olvidar asimismo a la Facultad de Ciencias de la Educación "en este proceso de evaluación y restablecimiento de los daños tanto personales como institucionales consecuencia de este caso".

La actuación tardía de la Universidad en el caso del catedrático condenado por los abusos sexuales se puso de manifiesto no sólo por el perdón que pidió el máximo responsable de la Hispalense, sino por la propia decisión posterior de suspender al profesor Santiago Romero tras serle notificada a la institución la sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla y cuando el fallo no es siquiera firme -el catedrático va a recurrir la sentencia condenatoria ante la Audiencia de Sevilla-, lo que demuestra que la Hispalense podría haber intervenido con anterioridad. Santiago Romero estuvo dando clases hasta el mismo día en que se hizo pública su condena.

El profesorado del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) calificó ayer de "poco constructivo" y "muy negativo" el comité porque, según aseguraron a Europa Press fuentes del SAT, el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla ha tenido una "actitud a la defensiva, sin autocrítica, ni hacer un análisis profundo de lo ocurrido.

La reacción del Rectorado de la Universidad de Sevilla contrasta con la celeridad con la que ha actuado otra institución académica, en este caso la Universidad Complutense de Madrid, tras haber recibido una denuncia por un presunto caso de acoso sexual contra un profesor por parte de un grupo de alumnas de un máster.

En este caso, la Universidad madrileña ha abierto una información reservada para tratar de esclarecer los hechos denunciados y, de forma cautelar, ha apartado al profesor de la docencia del máster, si bien es cierto que este docente mantiene sus clases de grado en la Facultad. La denuncia ha sido presentada por seis estudiantes, profesoras en Paraguay y que están en España becadas por el Gobierno paraguayo para completar su formación.

El protocolo de prevención, detección y actuación ante casos de acoso sexual de la Complutense, aprobado en diciembre del año pasado, incluye tanto al personal docente e investigador (PDI), al personal de Administración y Servicios (PAS) y al alumnado de la Complutense, así como a cualquier persona que preste sus servicios en el ámbito de esta universidad. El protocolo señala que, una vez presentada la denuncia, se designará en un plazo no superior de siete días a un experto para realizar un peritaje, quien deberá realizar un informe en 21 días. Y en un plazo no superior a un mes desde la presentación de la denuncia, la dirección de la Unidad de Igualdad de Género debe convocar a la comisión, al objeto de presentar su informe al rector en un plazo no mayor de 14 días. Este protocolo señala que será el rector el que establezca las medidas preventivas, archive la denuncia o incoe el oportuno expediente disciplinario.