La Policía Local de Sevilla está investigando la desaparición de varios vehículos que se encontraban en el depósito municipal y que fueron trasladados de manera irregular a un desguace del área metropolitana. Los coches podrían haber sido dados de baja sin la autorización de sus legítimos propietarios y, en ocasiones, sin ni siquiera consultar que eran vehículos que habían sido robados y figuraban en el registro nacional de vehículos denunciados por robo. Incluso se podría haber vulnerado un precinto judicial, ya que uno de los coches desaparecidos procedía de una operación policial y un juzgado de Sevilla había dictado una orden de inmovilización del mismo.

Las pesquisas surgieron a raíz de la presentación de varias denuncias de ciudadanos afectados, algunos de los cuales llegaron a encontrarse por sorpresa sus propios coches en el desguace, cuando creían que habían sido robados. Al interesarse por cómo habían llegado sus vehículos al desguace, los responsables de estas instalaciones les explicaron a los dueños que los habían adquirido al Ayuntamiento de Sevilla dentro de una partida de más coches procedentes del depósito municipal, situado en el parque de los Príncipes.

Uno de los denunciantes relató a este periódico que sufrió el robo de su coche, un Volvo S-40, el 8 de marzo de 2011. El vehículo fue sustraído a las cuatro y media de la tarde de aquel día a las puertas de su casa, en Castilleja de Guzmán, y el robo fue denunciado el mismo día en el puesto de la Guardia Civil de Gines. Allí le indicaron que el coche pasaría a formar parte de un registro de vehículos denunciados como robados en el que figuran coches de toda España y al que tienen acceso todas las policías que operan en el país, tanto las municipales y autonómicas como las Fuerzas de Seguridad del Estado. En este listado figuran las características básicas como marca, modelo y color y el número de matrícula.

Los intentos del denunciante por recuperar el vehículo fueron en vano, hasta que, más de un año después, en mayo de 2012, un amigo suyo, mecánico de profesión, encontró el coche en un desguace de un municipio próximo a la capital al que había ido a comprar unos repuestos. El mecánico avisó por teléfono a la víctima del robo y le comunicó que el vehículo se encontraba allí, en aparente buen estado y sin que le faltara ninguna pieza. Incluso le hizo dos fotografías con su teléfono móvil que le envió por correo electrónico. El dueño del coche se desplazó al desguace, al que llegó aproximadamente dos horas después de ser avisado. Allí comprobó cómo, en ese corto plazo, su Volvo estaba ya completamente despiezado. Le faltaban los faros, algunas piezas del motor y otras partes importantes. Nada que ver con el vehículo que aparecía en las fotografías tomadas por su amigo apenas dos horas antes.

Ante la extrañeza por lo ocurrido, se dirigió a un responsable del desguace y le pidió explicaciones. Éste le comunicó que el coche había sido adquirido al Ayuntamiento de Sevilla, que había sido dado de baja por abandono y que ya pertenecía legalmente al desguace. La baja por abandono fue tramitada por la empresa municipal de limpieza (Lipasam), que había llevado el vehículo al depósito del Parque de los Príncipes. Desde estas dependencias, el coche fue trasladado después al desguace.

En ningún momento del proceso nadie -ni los empleados de Lipasam que tramitaron la baja ni los policías locales que ordenaron su retirada con la grúa municipal- se preocupó por comprobar si la matrícula del Volvo S-40 se encontraba en el listado de vehículos robados, al que tiene acceso la Policía Local de Sevilla, como todos los cuerpos de seguridad municipales del resto de España.

De hecho, el denunciante puso lo ocurrido en conocimiento de la Guardia Civil y pudo comprobar por sí mismo que su coche, oficialmente, continuaba en paradero desconocido y robado, cuando lo había encontrado ya en el desguace. La Guardia Civil le ofreció una explicación lógica de lo que pudo haber ocurrido con su coche: quien lo robó lo utilizó para algún transporte de droga o de otra mercancía ilícita o simplemente para desplazarse, realizó el servicio en cuestión y luego lo dejó aparcado en una calle de Sevilla. Los vecinos de esa calle, tras más de un año viendo que no aparecía nadie para llevarse un coche que estaba ocupando una plaza de aparcamiento, llamaron al Ayuntamiento para denunciar la presencia de un coche abandonado. Y es ahí cuando debería haberse informado del hallazgo al dueño, cosa que no se hizo.

Tras dar de baja el vehículo del registro de robos, este ciudadano denunció a la Policía Local lo ocurrido en el desguace. Un agente de este cuerpo le indicó que lo único que podría hacer era presentar una reclamación patrimonial, similar a las que se realizan cuando un coche sufre daños por la caída de una rama o un árbol, y de esta forma, con suerte, podría recuperar algo del dinero que le costó el vehículo.

Sin embargo, esta denuncia se unía a otras anteriores presentadas en los últimos meses por ciudadanos que habían sufrido problemas muy similares, lo que hizo a los responsables de la Policía Local sospechar de que el caso del dueño del Volvo S-40 podría no ser un episodio aislado y no tratarse de un simple error administrativo en la tramitación de la baja. Fuentes policiales consultadas por este periódico aseguraron que a la fecha actual existen al menos ocho denuncias parecidas a ésta que se están investigando.

Pese a que la investigación aún se encuentra en estado muy embrionario y todavía no se ha citado a nadie a declarar ni siquiera como testigo, la Policía trabaja con la sospecha de que podría tratarse de una trama organizada para sacar vehículos de manera ilegal del depósito municipal y derivarlos al desguace. No se descarta que haya empleados municipales e incluso algún policía local implicados. También se investiga si el dueño del desguac aportaría algún canon a estos funcionarios desleales, tal y como ocurría con varias empresas de grúas de gran tonelaje en la trama del cobro irregular de tasas en la Policía Local.