El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará presidido durante los próximos cinco años por el magistrado conservador Manuel Marchena y contará con una mayoría de vocales de corte progresista, de acuerdo con el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE, que ha sumado finalmente a Podemos.

Marchena, un magistrado de talante dialogante y con una larga y reconocida trayectoria en la carrera judicial, ha sido propuesto por el PP y, aunque el Gobierno aspiraba a situar por vez primera a una mujer al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, decidió ceder en favor del consenso y ante un nombre con prestigio y que ha demostrado su capacidad de gestión en el Supremo.

Casado subrayó que la “regeneración política” implica cumplir con la Constitución y las leyes y renovar en plazo las instituciones del Estado –el mandato de los actuales miembros del CGPJ concluye el 4 de diciembre– y el PSOE recalcó que era imperioso llevar a cabo la “renovación frente al bloqueo”.

Defendían así que un acuerdo criticado por las asociaciones de jueces y que se ha cerrado mientras desde Moncloa se daban por rotas las relaciones entre Sánchez y Casado y los populares no cejaban en pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ella ha sido de hecho la principal negociadora del pacto junto al responsable de Justicia del PP, Rafael Catalá, que han tejido a lo largo de semanas y con total discreción un consenso que parecía imposible de puertas afuera.

Se esperaba que el PP propusiera diez vocales y el PSOE otros diez, pero finalmente los populares han cedido uno de sus puestos para que Marchena ocupe la presidencia del CGPJ y los socialistas, con once puestos en sus manos, se ha encargado de negociar en paralelo el apoyo de Podemos al consenso.

A pesar de su rechazo a Marchena, Podemos ha alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE al entrar en el CGPJ el magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada, su ex diputada Victoria Rosell, que llevó ante la justicia europea la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, y la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice.

El pacto entre PP y PSOE se ha materializado al registrar ambas fuerzas en el Congreso y en el Senado una lista con los nombres de los ocho candidatos elegidos entre juristas de reconocido prestigio, pero el pacto incluye también a los doce vocales de extracción judicial, que saldrán del listado de 51 jueces avalados por las asociaciones profesionales o por sus compañeros.

En el primero de los grupos, la lista progresista incluye a De Prada; a Carmen Sáez Lara, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba; Pilar Fernández Pérez, fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales; Luis Martín Contreras, letrado de la administración de justicia en el Supremo; y Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo de Asturias. Los populares proponen por su parte a Manuel Altava, magistrado y actualmente presidente de la Comisión de Justicia del Senado; José Miguel Castillo, abogado y ex diputado, y Rosa Rubio, miembro de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal.

Fuentes cercanas a la negociación apuntan a que entre los doce vocales de extracción judicial, estarán, por el sector progresista, Fernández Seijo, Esther Erice, Victoria Rosell, los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José María del Riego y la ex presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género Inmaculada Montalbán. A propuesta del PP entrarían en el Consejo Gema Espinosa, ex directora de la Escuela Judicial, esposa del juez Pablo Llarena, y María Tardón, recientemente elegida magistrada de la Audiencia Nacional y avalada por la asociación Francisco de Vitoria.

También se espera en ese listado al magistrado del Supremo José Antonio Montero; y al magistrado Alejandro Abascal, ambos avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).