Un grupo de unos 25 propietarios del sector F de Almensilla, que ya venían trabajando para mediar y buscar soluciones en la parcelación, han constituido una nueva asociación, Solución Sector F, que pretende abrir una especie de tercera vía para dar pasos firmes hacia las obras de urbanización en la zona –un millón de metros cuadrados, 600 parcelas y casi 500 propietarios–, bloqueadas 28 años después.

Apuestan por una mayor implicación de las administraciones, por “hablar con todos los agentes” y lograr cordialidad entre los vecinos, “apaciguando” los ánimos, crispados y enfrentados por los problemas que se han sucedido, antes y después de que el robo por parte del tesorero los convirtiera en noticia.

Según Antonio Domingo, el presidente, su apuesta es cambiar el sistema de compensación –con el que los vecinos intentaron urbanizar por su cuenta y que ha resultado “nefasto”– por el de cooperación, que implica que la administración se hace cargo de las obras, aunque igualmente deban pagarlas los propietarios. Desde su punto de vista, aunque puedan surgir dificultades, una administración es más “garantista” en la gestión.

Varios de los promotores de esta nueva Asociaciación Solución Sector F.

Aunque teóricamente para cambiar la junta de compensación debe estar liquidada y no es posible por los juicios y reclamaciones pendientes, este grupo dice tener un informe de un abogado y arquitecto técnico que avalaría el cambio, si el Ayuntamiento actúa de oficio y crea esa junta, mientras que paralelamente se resuelve lo demás.

Con ese sistema y una intervención por fases, el reto es que, en la primera de ellas, se ejecuten todos los sistemas de luz, agua y alcantarillado, elementales para dar “dignidad” a la zona.

Domingo destaca que, cuando tras la aprobación de una Proposición No de Ley en el Parlamento en la que, en 2017, todos los partidos estuvieron de acuerdo en sentarse y buscar salidas y se constituyó una mesa de trabajo entre la Junta y el Ayuntamiento, había expectativas de que los avances irían en esa línea. Pero no ha habido noticias.

“Apaciguar los ánimos, desenredar y dar pasos para que las obras se ejecuten”, insisten sobre los objetivos. El presidente destaca que la mala gestión y la asfixia económica han hecho que muchos vecinos no estén al día de las cuotas que se cobra en ejecutiva el Opaef, con lo que se da la paradoja de que los 16 que sí lo están y tienen derecho a voto deciden sobre un presupuesto de medio millón de euros, con mucha desconfianza del resto.

Los costes de urbanización se estimaron en 1992 en 6 millones de euros y ya van por 23, sin que nada esté resuelto

Gráficamente sobre lo ocurrido, Domingo recuerda cómo en 1992 fue con su padre a la reunión para crear la junta rectora, cuando se dijo que con un presupuesto de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas entonces) se urbanizaría y “vamos por 23 millones de euros y no tenemos nada. No quiero dejarle esto así a mis hijos”. Sólo se llegó a ejecutar el alcantarillado en la vía de acceso y en el 35% restante, infraestructuras que a estas alturas pueden ser inservibles.

La cronología de créditos y problemas

Al margen del caso del ex tesorero, pendiente de juicio, ha habido muchos más problemas. En 2001, una sentencia del TSJA ya dejó sin efecto la constitución de la junta de compensación por un error formal. Tuvo que volver a constituirse en 2002. En 2004 se firmó un préstamo hipotecario de 10,5 millones, de los que se usaron 5,7. Las obras arrancaron en abril de ese año, pero se paralizaron en enero de 2006.

En 2008, el entonces presidente Ismael Perea resolvió un contrato con la empresa que llevaba toda la gestión de las mismas, que todavía reclama a la junta de compensación 1,3 millones. La junta de compensación demandó a su vez a la empresa por daños y perjuicios.

En el año 2010, el Banco de Santander inicia la ejecución del préstamo que se le pidió, con una deuda entre capital e intereses de casi 12 millones. Se firmó una cláusula de préstamo solidario, por el que todos los vecinos respondían de la deuda si uno no pagaba, que se logró suprimir con la mediación de algunos propietarios, junto a una quita de casi tres millones.

En esta situación, en 2011 se firma con otra empresa continuar las obras, que se abandonan en 2012 por incumplimiento de pago. Hay una condena a la junta de compensación a pagar 1,2 millones a esta segunda empresa. A todo ello se suma el desfalco que se conoció en 2015, cuando el ex tesorero Julio Mateos, luego apodado como el Dioni de Almensilla, se llevó 3,5 millones. También se está liquidando una deuda contraída por multas y recargos por el incumplimiento de la liquidación del IVA.

“Todo ello justifica nuestra intención de cambiar de sistema urbanizador y que la administración concluya las obras y nos cobre los que nos corresponda”, sentencian.