Las estadísticas lo reflejaban hace tan sólo unos días: los desahucios siguen creciendo. Lo han hecho en un 13,99% en el último año, cuando sólo en el partido judicial de Sevilla se registraron 2.319. 

Y San Juan de Aznalfarache, uno de los municipios obreros del cinturón metropolitano de Sevilla, es un ejemplo: en 2019 se han podido producir medio centenar de ellos y van al alza.

Diversos colectivos de la localidad, que se han constituido en una plataforma, se han movilizado por seis lanzamientos que están previstos para el primer trimestre del año, que no son los únicos, pero sí más sangrantes, porque afectan a personas que, junto a sus dificultades económicas, están enfermas o son familias con hijos con discapacidad.

El próximo miércoles, si no hay novedad, se verá en la calle Lioba Sánchez, una mujer con dos hijos, el más pequeño, de 6 años, con una discapacidad reconocida por un trastorno del neurodesarrollo y autismo, que vive en un piso de la barriada de la Cooperativa desde hace 12 años. 

No es la primera vez que su caso tiene repercusión meditática. Cuando la Junta sacó la Ley 4/2013 de la Función Social de la Vivienda, que incluyó la expropiación del uso si la entidad bancaria propietaria no accedía a un alquiler social, iba a ser una de las beneficiadas. Aunque la anulación en los tribunales del artículo lo frenó todo.

Había comprado el piso junto a su marido y tuvieron que dejar de pagar la hipoteca cuando él se quedó en paro y la cuota, por el incremento del interés, subió de 400 a 800 euros, en plena crisis. En esos años se han divorciado, pero siguen juntos en la lucha.  

Según señala Lioba, desde que la expropiación quedó en suspenso no ha tenido más noticias. Hace un año, la vivienda pasó del banco a un fondo de inversión, Livarian. Luego recibió la fecha del lanzamiento. Por las circunstancias de su hijo, no puede trabajar. Está reconocida como cuidadora no profesional por la Junta y sólo puede pagar un alquier social, explica.  

La plataforma antidesahucios advierte de un "escenario estremecedor" en toda España

Con este panorama, se ha constituido en San Juan la citada Plataforma en Defensa de la Vivienda, con cerca de una veintena de colectivos, el 15-M, que ya venía trabajando en el problema, y el respaldo del Ayuntamiento, pionero en búsqueda de alternativas dentro de las limitaciones de la administración local. De hecho, fue de los primeros en cerrar su cuenta en una entidad que se negó a facilitar alquileres sociales o en negarse a que la policía local colaborara en los lanzamientos. 

Según un portavoz de la plataforma, Fran Sánchez, entre los motivos del repunte de desahucios está el que, después de más de un lustro, han ido caducando los alquileres sociales que accedieron a firmar muchos bancos, con las daciones en pago, y que tenían una vigencia de entre tres y cinco años. 

No se están renovando porque en este tiempo esas viviendas han ido pasando a fondos buitre, con los que no hay interlocución posible. No hay respuestas ni manera de negociar con ellos. 

Lo corrobora la delegada municipal de Protección a la Vivienda, María José Quesada, que señala que estos fondos envían incluso cartas a los vecinos, advirtiéndoles que no van a renovar el alquiler, que o se pueden ir por las buenas (han llegado a ofrecer 1.000 y 3.000 euros a las familias) o por las malas, con el desahucio. También envían cartas a los ayuntamientos "pasando toda la responsabilidad", cuando no hay parque municipal de vivienda capaz de responder al problema. 

En el último año se han producido alrededor de 50 desahucios por ejecuciones hipotecarias y la no renovación del alquiler social

Por el contrario, el Ayuntamiento estima que hay unas 1.500 viviendas vacías, propiedad de bancos y fondos, que generan muchos problemas de ocupaciones, aumentando la sensación de inseguridad, los impagos en las comunidades de vecinos y el deterioro de las construcciones. 

El Ayuntamiento llegó a solicitar formalmente que algunas de esas viviendas se las cedan, aunque no estén en condiciones de habitabilidad, para dar solución a un problema que se antoja inabarcable, sobre todo cuando el precio de los alquileres está subiendo.

En 2019, se destinaron más de 200.000 euros del presupuesto municipal a temas relacionados con la vivienda, sobre todo a ayudas a alquileres. Por la Oficina Municipal de la Vivienda pasaron medio millar de personas. 

Así las cosas, la plataforma ya ha llevado a cabo un encierro de protesta, el 14 y el 15 de enero, en el Ayuntamiento. La intención es repetirlo cada lunes. También anuncian "acciones sorpresa" antes del desahucio previsto para el día 22. 

Los colectivos han suscrito un manifiesto en el que se destacan que el escenario es "estremecedor en toda España" y exigen medidas como la "suspensión inmediata" de todos los desahucios, "soluciones habitacionales" y cambios de legislación, así como medidas que permitan a la Junta activar aquella Ley Social de la Vivienda y la 1/2018 que recoge el derecho al tanteo y retracto en estos casos.

Igualmente, piden más competencia para que los ayuntamientos puedan actuar.