Antes de que el debate sobre los desahucios y la necesidad de buscar alternativas para evitar que las familias más castigadas por la crisis se queden sin hogar copara los medios de comunicación, ya había ayuntamientos sevillanos que se habían topado con la crudeza del problema en sus Servicios Sociales, que se habían concienciado de la necesidad de buscar soluciones. En algunos de ellos, los esfuerzos han dado frutos.

Es el caso, entre otros, de San Juan de Aznalfarache. Desde hace más de un año ha logrado paralizar los 150 casos, en distintas fases, en los que ha mediado. No tiene constancia de que haya habido más. Desde enero, se han logrado 25 alquileres sociales: que los vecinos que han perdido la propiedad de su casa sigan en ella pagando una cantidad acorde a sus ingresos; otras tres familias han sido realojadas en pisos vacíos de algún banco. Cinco entidades financieras, las principales propietarias en el municipio, se han implicado en un programa que han reconocido como "experimental y piloto", según la edil de Bienestar Social, María José Quesada, aunque prefieren que sus nombres no aparezcan en los medios, hasta valorar los resultados.

El gobierno local que dirige el socialista Fernando Zamora ha anunciado que cerrará sus cuentas de aquellas otras que, llegado el caso, se nieguen a buscar las alternativas. Pero, ¿cuáles son las claves para que se estén logrando cosas, sin pleitear contra cláusulas abusivas o similares? Quesada -que es edil desde 2011, pero profesora universitaria de Mediación y Resolución de Conflictos de profesión- habla de sentido común.

El Ayuntamiento de San Juan -sin parque de vivienda pública propio, ni suelo- tuvo claro que no podría dar respuesta a los cientos de familias que se pueden quedar en la calle. Es el primer cinturón metropolitano, con muchos obreros que se han quedado en paro, sin que haya un sector refugio del que tirar, como la agricultura. Actuó con la seguridad de que a todas las partes les interesa. "A los bancos les sale más barato ayudar para mantener a las familias en sus casas que el desahucio, por los costes judiciales que implica". Si la familia se queda, se aseguran unos ingresos mínimos en inmuebles que tendrían vacíos, con riesgo de ser ocupados ilegalmente de otra forma y que son un problema para las comunidades de vecinos.

El Ayuntamiento plantea negociaciones completamente individualizadas, en las que no hay protocolos ni baremos, aunque San Juan se ha adherido a los planes de la Junta y el del Estado. "Medio punto puede marcar que una familia pueda acogerse o no", argumenta. Así, el Ayuntamiento recibe a la familia, elabora un informe social; contrasta lo que dice con el banco y, respetando la "filosofía o línea empresarial" de cada entidad y, sin modelos prefijados, se sientan a buscar la solución. Los cinco bancos adheridos al programa paran el proceso de desahucio en ese momento, sin que los intereses corran, hasta que se fijan las nuevas condiciones.

Para que sea posible un resultado satisfactorio, el Ayuntamiento se compromete como institución compensar la inestabilidad de los ingresos de las familias afectadas, fijando un itinerario de inserción laboral o apoyándolas con contrataciones de emergencia. En el peor de los casos, los Servicios Sociales podrían pagar un mes un alquiler social de 200 euros, difícilmente una letra hipotecaria de 800. Las familias se comprometen a pagar con rigurosidad la cantidad acordada, a respetar los contratos (se está fijando un precio por cinco años) y a participar en los proceso de inserción.

Pero, hasta llegar a ese borrador, la edil ha agotado muchas horas con los directores de las oficinas locales para ver qué se podía hacer y con sus superiores en Madrid. Conversaciones que ha tenido que repetir tras las fusiones, pero que "han ido enriqueciendo", dice, las ideas, los recursos que han barajado, los pros y contras. Con la intención de no crear falsas expectativas ni "vender humo", el programa contra los desahucios se ha llevado con "prudencia". La mayoría de los beneficiarios han llegado al Ayuntamiento gracias al boca a boca; aunque la Policía Local también está realizando una importante labor de localización de casos que no llegan a los Servicios Sociales. Vistos los resultados, se pondrá en marcha una oficina específica en mayo.

Quesada valora la herramienta que ha facilitado el gobierno de la Junta (PSOE-IU) de la expropiación temporal del uso de la vivienda (el inquilino paga un alquiler social a la Junta, ésta abona otra cantidad al banco en ese tiempo) si la entidad se niega a participar en una negociación de otro tipo; aunque primero hay que agotar el diálogo para convencer de que el acuerdo beneficia a todos.