“Nuestra desesperación es total”. “Nos han dejado en un limbo donde no nos dan las ayudas y tampoco nos dejan volver a nuestras casas”. Con estas palabras, Baltasar Ybarra, cuya familia es una de las afectadas por el desalojo de once viviendas de la urbanización Sport Aljarafe de Tomares, responde a las preguntas de cómo están, qué novedades se han producido y si se va a iniciar algún proyecto o actuación para estabilizar la ladera en la que se alzan sus casas, que estaría todavía pendiente de nuevos estudios. En marzo de 2017 se activó el Plan Municipal de Emergencias de Tomares (PMET) a raíz de un informe que alertaba del “riesgo inminente de deslizamiento” de esa parte de la Cornisa, sobre El Manchón. Se dijo que ese plan activo no sólo iba a servir para vigilar la zona y estar preparados para posibles contingencias, sino para implicar a todas las administraciones en un problema causado por la profundidad de las fracturas del terreno, que parecía mayor de lo sospechado hasta entonces, y cuya solución excedía la capacidad económica y técnica del Consistorio.

A pesar del tiempo que ha pasado –demasiado para familias que pagan hipotecas y alquileres y ven cómo el abandono agrava el deterioro de los inmuebles–, desde el gobierno local del PP se insiste en un mensaje: “Nunca se ha dejado de trabajar”. Ahora, se está haciendo en dos frentes: por un lado, se va a hacer una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, como ha recomendado un abogado externo, sobre si el Ayuntamiento puede dar ayudas económicas a los desalojados. Se hace tras varios informes contradictorios: la Secretaría e Intervención municipal dicen que no se pueden dar subvenciones sin criterio social, pero los servicios jurídicos de la Diputación y la Junta, del abogado de los afectados y de este despacho creen que sí, por las leyes de Protección Civil y los daños causados durante una emergencia. Pero hay dudas porque las viviendas se desalojaron antes de que se activase el plan.

Detalle de grietas en una de las viviendas.

En cuanto al problema de fondo, el portavoz del gobierno local asegura que se trabaja “codo con codo” con el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME) para “buscar la solución definitiva a la ladera”. Pero no aclara si “buscar” implica que el plan que recomendó una empresa especializada y se anunció hace casi año y medio se ha descartado de todo. Ya se había ha aplicado en zonas como Beas de Guadix o Linares. En Tomares, la intervención se valoró en 5,6 millones de euros, y “se trataba de coser la ladera” con inyecciones de hormigón armado y de drenarla.

Todo apunta a que, de momento, no se hará. Este diario ha tenido acceso a un informe del IGME, de febrero y entregado por el Ayuntamiento a los vecinos, en el que se recomiendan más investigaciones antes de actuar. Como una campaña de medición inclinométrica, al menos durante un año o más tiempo, si no llueve con intensidad en ese periodo. El objetivo sería determinar del todo la “tipología y profundidad de los movimientos”. Porque los técnicos del Instituto Geológico Minero creen que “no hay pruebas que permitan afirmar de forma concluyente la existencia de superficies de deslizamiento profundas”, como concluye el otro informe, aunque tampoco lo descartan.

Los vecinos lamentan la falta de efectividad de la administración para resolver el problema

En cuando a las inyecciones propuestas como solución, el IGME apunta que no están justificadas y que incluso podrían “poder perjudicar” las condiciones resistentes de los materiales arcillosos presentes también en esta parte de la Cornisa del Aljarafe. “La información contrastada por los sondeos realizados es insuficiente para decir un tipo de solución”. En estas circunstancias, el Ayuntamiento de Tomares estaría preparando el pliego para licitar las mediciones adicionales y estudiar el flujo del agua en la ladera y sus papel en el comportamiento mecánico del terreno, como se le ha recomendado.

En el informe del IGME se deja constancia del “mal aprovechamiento” que se ha hecho de los piezómetros e inclinómetros instalados en las diferentes campañas en la zona, “ya que si se hubiesen realizado lecturas con cierta periodicidad podrían conocerse ahora las pautas de los movimientos en la ladera y sus relación con las precipitaciones. No se han conseguido los fines propuestos y se ha perdido mucha información valiosa”. Sin estos nuevos trabajos, el Ayuntamiento lleva gastados más de 110.000 euros en el problema de Sport Aljarafe.

Baltasar Ybarra, como representante de los vecinos desalojados afectados, asegura no tener más información. Advierte, eso sí, que desde diciembre no se están haciendo mediciones de las que tengan constancia. También temen que se terminen duplicando estudios o mediciones que ya se han hecho por puro interés científico, sin tener en cuenta la situación de las familias, sus tiempos y necesidades prácticas. Lo que necesitan son respuestas, ver que se avanza en la solución para sus casas y en las ayudas que les prometieron mientras tanto.

Una vecina, junto al cartel que acota la zona y alerta de que está "afectada por deslizamientos"

La primera tanda de viviendas fue desalojada en abril de 2016, la siguiente, en noviembre de ese año por “declaración de situación de ruina física inminente”. Todas las afectadas están en el borde noreste del talud. El Ayuntamiento de Tomares llegó a ofrecerles una expropiación a sus dueños, de difícil encaje legal y por un dinero que no cubriría sus hipotecas, según argumentaron cuando lo rechazaron.

En esta tesitura, lamentan la “falta de capacidad” de la maquinaria administrativa para dar respuestas a un “problema de seguridad”, según han recogido en un escrito que han elevado recientemente al alcalde, José Luis Sanz, en el que dejan la puerta abierta a exigir responsabilidades si se demuestra que la demora de las administraciones al actuar ha perjudicado a sus inmuebles.

Una zona apuntalada.

A la desesperada, piden incluso que se les deje volver a sus viviendas desalojadas o entrar al menos, para hacer un mantenimiento mínimo, o que, e su caso, los técnicos emitan un certificado que “acredite la real situación de peligro inminente de derrumbe de las viviendas o deslizamiento de las mismas a consecuencia de la inestabilidad de la ladera”.

Están pensando en organizar una marcha por el pueblo a la vuelta de verano, en colocar carteles o pancartas. A través de cuentas en redes sociales, con la etiqueta #tambiénsomosTomares, están denunciando además el abandono general de la urbanización, al margen del problema concreto del deslizamiento, con falta de mantenimiento y limpieza y la falta de presencia policial que evite que las viviendas sean ocupadas o vandalizadas.