El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de varios pisos, un coche y una motocicleta al abogado José Luis Leal Bonmati, del despacho Estudios Jurídicos Villasís a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.491.385,98 euros que le impuso la juez. El embargo alcanza la mitad indivisa de sendas viviendas ubicadas en El Puerto de Santa María (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla), de un garaje y de un trastero. También decreta el embargo de un vehículo marca Hyundai Atos, de una motocicleta marca Honda y de 95 participaciones sociales en la sociedad limitada profesional Coliseo Abogados, así como de todas sus cuentas bancarias y de la devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

La juez impuso una fianza civil de 3.491.385 euros tanto a Leal Bonmati como al también abogado de su despacho Alfredo Jiménez Suñe, a los que imputó delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

Según Alaya, ambos letrados eran conocedores y beneficiarios de las sobrecomisiones que las mediadoras Vitalia y Uniter cobraban de la Junta. Además, el conseguidor Juan Lanzas y los socios de Estudios Jurídicos Villasís "se prestarían servicios recíprocamente", pues Lanzas les "proporcionaría diversos clientes por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a cambio, el ex sindicalista "encontraría en el despacho la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones", utilizando al bufete "como un centro de lavado de dinero".