La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha confirmado que el ex sindicalista de UGT y conseguidor Juan Lanzas es el "nexo común" de varias de las líneas de investigación que se llevan a cabo en su juzgado, según apunta en un nuevo auto en el que ha decidido rebajar de 300.000 a 200.000 euros la fianza al ex sindicalista para que éste pueda abandonar la cárcel en la que está recluido desde marzo pasado.

La magistrada abrió recientemente una nueva línea de investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario en la que, según adelantó este periódico, se investiga el presunto desvío de fondos de cursos de formación de UGT al conseguidor Juan Lanzas y a su entorno. Este sumario se abrió a partir del atestado 33/2013 de la Guardia Civil, el que sirvió de base par ala operación Heracles, y que refleja que UGT pagó casi ocho millones a una empresa en la que acabó trabajando el propio Lanzas. El conseguidor estuvo vinculado a UGT hasta el 10 de febrero de 2002 y sólo dos días después fue dado de alta por al empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo, constituida en 1998.

Esta firma, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, declaró operaciones comerciales con empresas utilizadas para introducir en el circuito financiero y económico el dinero procedente de las sobrecomisiones de las pólizas vinculadas a la Junta de Andalucía.

En el nuevo auto, Alaya no cita expresamente este sumario declarado secreto y se limita a destacar el "papel protagonista" del ex sindicalista tanto para la "obtención de los fondos públicos obviando el procedimiento legalmente establecido, como para canalizar sus ganancias".

La instructora llega a afirmar que Lanzas es "el verdadero artífice de la constitución de distintos entramados societarios, siendo dicho inculpado nexo común además en varias de las diferentes líneas de investigación que se vienen llevando a cabo", insiste la magistrada, que descarta su puesta en libertad incondicional porque, a su juicio, se mantienen "todos los motivos que llevaron a esta instructora a decretar la prisión".

Sin embargo, la juez señala que atendiendo a los criterios fijados por la Audiencia de Sevilla para determinar la fianza carcelaria y "dado el tiempo transcurrido desde el dictado de los autos sin que el imputado haya podido reunir la fianza impuesta, pudiera deducirse que la misma resulta inasequible para que el señor Lanzas pueda gozar de su libertad provisional, a pesar de que del evidente avance de las diligencias también se desprende su elevado enriquecimiento ilícito, pudiendo incluso haber ocultado sus bienes", precisa.

De otro lado, la juez Mercedes Alaya ha dictado sendos autos en los que, por motivos similares a los de Lanzas, ha decidido rebajar a 300.000 euros la fianza personal impuesta a los ex directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, quienes al igual que Lanzas se encuentran en prisión provisional desde marzo pasado, cuando fueron detenidos durante la operación Heracles.