Caso de los ERE

Con casi 3000 millones, Alaya bate récords en fianzas

  • La juez ha fijado ya fianzas de responsabilidad civil que sobrepasan a las dictadas en casos como Bárcenas, Gürtel, el desastre del 'Prestige', Pescanova o Afinsa. Sólo la operación Malaya supera, por ahora, a los ERE.

La investigación judicial por el escándalo de los ERE fraudulentos, que la juez Mercedes Alaya inició hace tres años, sigue batiendo marcas, y hacen que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se parezca, cada vez más, a uno de la Audiencia Nacional, no sólo por la trascendencia de la instrucción sino por las cifras que va generando el caso.

A los más de 27.000 folios que acumula ya el sumario en el que se están escudriñando las ayudas concedidas por la Junta durante más de una década, hay que sumar los más de 2.618 millones de euros que la instructora ha impuesto ya en fianzas civiles a los 116 imputados en los tres años que lleva abierta la causa, aunque la cifra todavía se incrementará mucho más porque aún tienen que prestar declaración alrededor de setenta personas de la cifra global de implicados. Esos casi 3.000 millones representan unos 434.720 millones de las antiguas pesetas, una macrocifra que incluso resulta difícil de calcular a la hora de hacer la conversión.

Estas fianzas de responsabilidad civil se exigen con la finalidad de garantizar el pago de las futuras indemnizaciones que pudieran acordarse en la sentencia -posibles multas y devolución de las ayudas, en el caso de los ERE-, una vez celebrado el juicio, y no tienen nada que ver con las de tipo personal que se acuerdan para evitar el ingreso en prisión de los imputados. En el caso de los ERE, el fraude derivado de la partida 31.L, conocida como el fondo de reptiles, supera los 900 millones de euros -la cifra varía no obstante según el desplegable de las ayudas concedidas que se maneje-, y la investigación sigue abierta, hasta el punto que cada vez surgen nuevas líneas de actuación, por lo que la cuantía también puede crecer todavía mucho más.

Para garantizar esa responsabilidad civil, la juez Mercedes Alaya ha fijado para los distintos imputados fianzas millonarias. En principio, se trata de una responsabilidad de tipo solidaria, a la que tendrían que hacer frente en conjunto los distintos implicados, pero como estas medidas cautelares se exigen en la fase de instrucción de manera individual a cada imputado, el importe de las fianzas civiles ya exigidas por la instructora supera los 2.618 millones.

Los casi 3.000 millones de fianzas fijados hasta ahora por Mercedes Alaya sólo se han visto superados por los 5.200 millones que se acordaron en la denominada operación Malaya, en la que se investigó las irregularidades y la trama de corrupción destapada en torno al Ayuntamiento de Marbella (Málaga).

El caso de los ERE es, por ahora, el segundo en la historia judicial española en cuanto al récord de fianzas civiles. En otros casos relevantes se impusieron fianzas menores, como ocurrió con la estafa de Afinsa (1.928 millones), el desastre del buque Prestige (1.200 millones), o la misma cifra (1.200 millones) que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz fijó para una decena de altos cargos de Pescanova y seis sociedades ligadas al grupo alimentario, a los que se imputan delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas. También supera Alaya al juez Ruz en la fianza civil que se impuso por ejemplo al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que se quedó en 43,2 millones; los 85 millones del cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa; y los 8,2 millones fijados por el juez Castro a Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres por el caso Nóos.

Entre los más de 2.618 millones de responsabilidad civil reclamados por Alaya -el triple del fraude detectado por ahora- sobresalen los 807 millones (807.403.232,44 euros exactamente) que la instructora ha impuesto al que fuera consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández. Ésta es la mayor fianza civil fijada por Alaya en el escándalo de los ERE, seguida de los 686 millones que fijó para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, o los 490 millones para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Las siguientes, en importancia, son las impuestas al ex director de Trabajo Juan Márquez (173 millones) o los 111 millones de los ex directivos de Vitalia Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual.

La última medida civil acordada por Alaya son los 46,6 millones fijados para el ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano.

Las cantidades millonarias impuestas por Alaya son inasequibles para los imputados, lo que ha derivado en el embargo de bienes de estas personas. La ley de Enjuiciamiento Criminal determina que es "inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional", lo que implica que muchos de los imputados pueden ver cómo sus emolumentos quedan reducidos a poco más de 600 euros mensuales, además de que el juzgado haya decretado el embargo de sus cuentas bancarias y sus bienes para satisfacer estas cantidades.

De esta forma, Alaya ha embargado la indemnización que, por importe de 34.240,01 euros , correspondía al ex consejero Antonio Fernández por su despido de la empresa jerezana González Byass.

En el caso del ex viceconsejero Agustín Barberá, la magistrada acordó el embargo de un piso ubicado en Cádiz.

Un caso paradójico es el de Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director de Trabajo, a quien Alaya declaró insolvente pues el único dinero que encontró en sus ocho cuentas embargadas fueron 1,64 euros.

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