Susana Díaz ha recuperado la estrategia del ex presidente andaluz Manuel Chaves para las sesiones de control bisemanales en el Parlamento andaluz. Si José Antonio Griñán diseñó sus intervenciones ante los grupos de la oposición con el debate ideológico como prioridad, Susana Díaz anticipó ayer en su estreno en este formato que recurrirá a la primacía del titular, a los anuncios medidos sobre el tema de actualidad que le permitan mantener la iniciativa política.

La revalorización de las ayudas que otorga la Junta a las pensiones mínimas llegó sobre la bocina, en la última respuesta al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido. Aún en los años de crisis la Junta ha actualizado conforme al IPC estas ayudas, que se remontan a 1989 y que se ampliaron en 2003. El año pasado se destinaron 20,3 millones de euros y se convirtió en una alternativa de la Junta al Gobierno central, que congeló estas prestaciones.

El otro anuncio perteneció al sempiterno foco de la lucha contra la corrupción. A las medidas que anunció en su debate de investidura y que ayer repasó (reforzar la Cámara de Cuentas, impedir las donaciones a los grupos políticos, presentar las declaraciones de IRPF de los cargos y sus cónyuges, como ella y su marido hicieron el miércoles y los consejeros y diputados de PSOE e IU harán la próxima semana) Susana Díaz sumó que pedirá a la Intervención General de Hacienda, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, un informe en el que proponga las medidas que considere "más adecuadas" para garantizar el control "más eficiente" de las transferencias de financiación.

La manera en la que se realizaron estas transferencias está siendo investigada por la juez Alaya, que ha advertido repetidamente sobre la intención de la Junta de eludir el control administrativo. Conocidas también han sido las discrepancias entre el que fuera interventor general de la Junta, Manuel Gómez, imputado en el caso de los ERE, con los avisos que debiera haber recibido el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán. La antecesora de Griñán en este departamento, Magdalena Álvarez, está imputada en el caso.

Díaz quiere marcar distancia con la gestión del anterior presidente (ausente de nuevo de su escaño durante el debate) y escapar de la sombra de corrupción de los anteriores mandatos. E insistió: "Me avergüenza y me repugna que se manche la honestidad de hombres y mujeres que se dedican al servicio público todos los días con decencia y honestidad".

Hasta en 13 ocasiones ha preguntado el PP por los ERE en la reanudación de la actividad parlamentaria con el nuevo Gobierno y sobre esa base se fundamentó la pregunta del presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, quien censuró la "ambigüedad" de Díaz al hablar de corrupción sin aprobar ninguna medida en sus 19 días como presidenta. "19 días pero no 500 noches", le respondió la presidenta, que se cebó una vez más con la "interinidad" de Zoido, al que trata como un pelele.

"Aquí voy a estar yo, para debatir con usted o con quien decida Génova", dijo. También en el inicio de su primera respuesta Díaz le negó a Zoido legitimidad: "Yo estoy aquí por el buen funcionamiento del sistema. Los andaluces han votado una mayoría de izquierda y tenemos legitimidad para formar un Gobierno de izquierda. Usted tiene un problema mayor, porque yo sí quiero estar aquí, pero usted está a regañadientes", le reprochó.

Zoido en su intervención exhibió unos papeles y preguntó por qué el Consejo Consultivo archivó que se revisen las ayudas a Hitemasa, empresa beneficiada con el fondo de los ERE. Este argumento lo utilizó el PP en la comisión de investigación. El dictamen del Consultivo remitido a los medios se remonta a septiembre de 2012.