El abogado de Juan Luque Alfonso, ex interventor de la Consejería de Empleo, ha recurrido su imputación en el caso de los ERE porque hizo su trabajo "al amparo de una norma legal" emanada del Parlamento como son los Presupuestos y cuya legalidad "no ha sido impugnada por el cauce legal adecuado". En su recurso, Luque Alfonso sostiene que las llamadas transferencias de financiación "tanto en el proceso de elaboración de los Presupuestos como en el proceso de ejecución presupuestaria son acordes a las Leyes de Presupuestos emanadas del Parlamento de Andalucía" y no pueden ser delito.

Además "el Derecho penal solo ha de intervenir cuando la controversia que se suscite no pueda tener adecuada solución mediante el ordenamiento que le es propio, en este caso el administrativo", sostiene el abogado defensor, José Estanislao López Gutiérrez. Argumenta que hasta ahora la única relación del imputado con la causa ha sido haber declarado como testigo ante la Guardia Civil en julio de 2012, y "no debió ser sometido al régimen de declaraciones testificales", con obligación de decir la verdad, cuando se sospechaba que podría ser imputado.

El letrado dice que su cliente ha sido sometido a una imputación "difusa, inconcreta y ambigua, donde más parece cuestionarse la normativa a aplicar que una deficiente aplicación de la misma". En cuanto a su trabajo, Luque Alfonso actuó según la práctica profesional exigida por el Reglamento de la Intervención de 1988 "y de ningún modo hace patente elemento alguno que puede reflejar implicación con los hechos sustantivos del presunto fraude".