La juez Alaya ordena investigar el patrimonio del ex consejero Antonio Fernández y de su familia

La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama relacionada con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ha ordenado a la Policía Judicial que investigue el patrimonio del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y que esta investigación se haga extensiva a su familia, así como al resto de las personas que han sido imputadas hasta ahora en esta causa.

En un extenso auto de 44 folios y que tiene fecha del pasado 16 de abril, la instructora ha requerido a la Unidad de Policía Judicial para que realice una investigación patrimonial de todos los imputados -hasta ahora son 27 las personas a las que se ha notificado su imputación-, pero "centrándose" en la averiguación del patrimonio del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, así como del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez, del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y del supuesto "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas Fernández. Dice la instructora que esa investigación debe hacerse extensiva "a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y/o parejas, así como los hermanos y sus cónyuges y sus parejas".

La juez Alaya dedica una buena parte del auto a informar a los imputados de los hechos que se le imputan y así, en el caso del ex consejero Antonio Fernández, la implicación se refiere a una triple vertiente. En primer lugar, la instructora señala que Fernández ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del período investigado, "siendo indiciario conocedor según el inculpado Francisco Javier Guerrero, de las pólizas particulares para personas próximas o la inclusión que éste hacía en las pólizas de los ERES de personas que nunca habían trabajado en las empresas". Según la juez, el ex titular andaluz de Empleo también era conocedor de "los importantes reparos que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas mediante las llamadas transferencias de financiación de explotación, procedimiento que había generado un déficit presupuestario para la Junta a 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros". En tercer lugar, Alaya imputa al ex consejero su inclusión en el ERE de 2008 de la empresa González Byass, "cuando él dejo de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981".

En el caso del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que destapó el escándalo de esta variante del caso cuando afirmó que la Junta tenía un "fondo de reptiles" para empresas en crisis, la juez le imputa, entre otros motivos, "por haber autorizado el pago de las primas de las pólizas derivadas de los ERE de empresas en crisis a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado en las mismas". También le atribuye haber "autorizado dicho pago en muchas ocasiones prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento administrativo, incluso del prevenido en el convenio marco de 17 de julio de 2001, y por haber sido la persona que en muchos casos ha ordenado por razones de amistad, parentesco o militancia en el PSOE" la inclusión en las pólizas de los falsos trabajadores.

En cuanto al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, Alaya le achaca haber "autorizado un buen número de ERE en los que se han detectado falsos trabajadores", entre los que la magistrada destaca especialmente el ERE de Mercasevilla de 2007, que fue autorizado por las "mismas causas económicas y organizativas que el ERE de 2003, no habiendo apreciado dolo, fraude, ni la menor irregularidad en este segundo expediente" pese a que se había contratado al mismo número de trabajadores que había con ocasión del primer ERE. También le imputa haber incluido en el ERE de Mercasevilla al ex militante del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, que no había trabajado nunca para la empresa; haber autorizado la ampliación del ERE de 2007 para incluir a otra persona que había sido contratada el mismo día de su inclusión; y también se le atribuye que "haya podido favorecer" a un cuñado que apareció como beneficiario de una póliza en la empresa Surcolor, para la que éste nunca había trabajado.

Dice la juez respecto a otro de los que considera principales imputados, Juan Lanzas Fernández, que su imputación se produce por su "presunta intervención como mediador o conseguidor en direfentes Expedientes de Regulación de Empleo en los que se han detectado ilegalidades, entre los que destacan Mercasevilla, Hitemasa o Río Grande". También le imputa por ser beneficiario de una póliza de renta colectiva del ERE de Hitemasa a pesar de que nunca trabajó en la empresa; por su intento de inclusión de él mismo en el ERE de Mercasevilla de 2007; la inclusión de su esposa en el ERE de Hitemasa o la de su cuñada en el ERE de Dhul; y también por la "presunta apropiación" de las cantidades abonadas a la intrusa Carmen Fontela García en relación con el ERE de Río Grande.

De otro lado, en el auto la juez señala que de momento no tomará declaración a todos los imputados por el caso de los ERE, a pesar de que así lo había solicitado la Fiscalía de Sevilla, ya que por criterios de "oportunidad y de prudencia" las declaraciones deben retrasarse "hasta que se conozca con claridad y detalle los hechos investigados y sus diferentes variantes, la presunta participación de aquellos en los mismos y la interpelación existente entre los distintos actores".

Respecto a esta demora en las declaraciones, la juez explica que ha adoptado esa decisión "con la tranquilidad que ofrece que desde el minuto uno se esté cumpliendo el principio de igualdad de armas", por cuanto todos los hasta ahora imputados han tenido "la posibilidad de participar en la instrucción con los mismos medios de ataque y de defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación".