Alaya reclama hasta los "diplomas" de los cursos realizados por la Faffe

La juez Alaya está dispuesta a no dejar títere con cabeza en su nueva macroinvestigación sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación y, al igual que ocurrió con el escándalo de los ERE fraudulentos, la magistrada ha comenzado a recabar una exhaustiva documentación que incluye hasta los "diplomas" por la realización de estas actividades formativas. En concreto, la instructora ha dictado un nuevo auto en el que reclama a la Consejería de Educación los "certificados de asistencia y los diplomas" relativos a las acciones formativas de cuatro expedientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de 2006, 2008 y 2009.

La magistrada ha dado diez días a la Consejería de Educación para que remita esos documentos que se refieren a cuatro expedientes de subvenciones a la formación concedidas en los años 2006, 2008, y otros dos en 2009. Con esa petición, Alaya trata de acreditar si los cursos se realizaron o no.

En la misma resolución, la juez concede el mismo plazo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte a la causa los planes de evaluación y seguimiento o instrumentos anteriores similares desde 2002 a la actualidad para el adecuado control de las acciones formativas y las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de dichos planes, ya sea por el SAE o por consultorías privadas.

La instructora también pide al Consejo Andaluz de Formación Profesional que remita esa misma información -con independencia de la requerida al SAE- desde el año 2002, en concreto, la instructora exige documentos sobre el "seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes y programas de acciones formativas".

La petición de esta nueva información se suma a la realizada hace unos días, cuando solicitó abundante documentación relativa al control de las subvenciones realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía. La juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las "funciones" que ha desarrollado la Intervención General en las subvenciones otorgadas "en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones a la formación".

Alaya pidió todos los informes que este organismo haya realizado desde el año 2002 en adelante para el programa 32D o "cualquier otro programa presupuestario relativo a los cursos de formación". También solicitó al organismo fiscalizador que aporte los "informes de conformidad o disconformidad", recabando la UCO una explicación de la Intervención sobre el "diferente tratamiento en la concesión cuando se trataban de subvenciones otorgadas por el SAE, y cuando se trataba de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo". Alaya exigió una "explicación ajustada a la legalidad" sobre las exoneraciones a las empresas que recibieron ayudas para los cursos -en otro auto cifra dichas exoneraciones en 950 millones- y "el papel que realizó la Intervención en el control".