Las cesantías que cobran los dirigentes de la Junta cuando dejan sus cargos apenas cubre la mitad del tiempo que deben esperar si quieren trabajar en empresas privadas con las que hayan tenido relación. Y eso en el mejor de los casos, porque tras una legislatura completa, la cesantía es de cuatro meses, uno por año trabajado. La prohibición de trabajar para esas compañías se extiende hasta los dos años, es una medida higiénica, preventiva, que trata de evitar que los políticos se vean recompensados en el ámbito privado por favores anteriores, pero es un obstáculo mayúsculo para fichar en el Gobierno a profesionales experimentados en sectores de interés para la administración.  

El caso del ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán ha revelado la escasa cobertura económica que tienen los altos cargos de la Junta. Pero también el bajo seguimiento que se le hace a estas personas cuando dejan la administración; tanto es así que en los últimos cinco años sólo cuatro cargos ex altos cargos preguntaron a la Consejería de Justicia, que es la habilitada para ello, si podían ser contratados por empresas. Lo de Guzmán casi carecía de antecedentes, los políticos se retiran, algunos cobran la cesantía a la que tienen derecho, pero muy pocos se incorporan al ámbito privado, lo que da cuenta de la nula relación que existe entre los gestores públicos y los sectores que regulan o el escaso control que se ha ejercido desde la Junta.  

Esto es lo que ha motivado al Gobierno andaluz a presentar una nueva ley que regule cuáles son las obligaciones de estos altos cargos, tanto durante el ejercicio de su función como de su salida. La actual es de 2005 y entre otras novedades debe incluir la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses, similar a la que ya existe a nivel nacional.

El caso de Miguel Ángel Guzmán

Las barreras legales para la práctica de las puertas giratorias tienen una base real, porque impide que se beneficie a empresas donde posteriormente se encontrará un buen sueldo y un tranquilo retiro, pero su desarrollo también ahuyenta la entrada en política de directivos del sector privado. Esta tensión entre ambos factores es el que ha generado un debate en el Gobierno andaluz a raíz del caso de Guzmán.

La Secretaría General de Administración Pública ha negado al ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán su incorporación a la aseguradora Asisa, debido a que durante su mandato como gerente del SAS adjudicó contratos por valor de 43,6 millones de euros con hospitales de esta empresa. Guzmán tenía la obligación de esperar dos años antes de desarrollar una actividad privada con empresas con las que tuvo relación, pero su cesantía sólo duró tres meses y como alto cargo no tiene derecho al desempleo.

El caso ha tenido especial relevancia porque el fichaje de Guzmán por Asisa se conoció por los medios de comunicación, el Gobierno andaluz desconocía el contrato y se vio obligado a actuar, a pesar de admitir cierta injusticia. Los socialistas, además, han presentado una denuncia ante la Oficina Antifraude, que ejerce parte de las labores de una oficina de conflictos en ausencia de ésta.

Como responsable del SAS, Guzmán no fue quien firmó los contratos con Asisa, sino los gerentes provinciales, pero lo hicieron mediante su firma delegada, una práctica que se extendió por razones de urgencia durante la pandemia. Debido a la extensión del Covid, cada comunidad autónoma designó a una única persona como responsable de los contratos derivados de la epidemia, del mismo modo que se autorizó a que se realizasen sin concurrencia ni publicidad por la extrema gravedad de los contagios.

Dos años de letargo y pocos meses de cesantía

La ley prohíbe a los altos cargos que durante dos años después de salir de la administración sean contratados por empresas con las que firmaron contratos. También ocurre con los dirigentes del Gobierno central, pero a diferencia de éstos, que pueden cobrar cesantías de hasta dos años por el valor del 80% del sueldo, en Andalucía sólo se paga un mes por cada año trabajado con un máximo de 12. El problema es, fundamentalmente, económico porque en caso de cambio político se estarían pagando dos gobiernos durante dos años, el recién llegado y el saliente.

No obstante, la mayor parte de los políticos pueden volver a sus empleos anteriores si no han firmado ningún contrato o subvención a favor de su empresa. El reingreso es inmediato. La vuelta al funcionariado, a la enseñanza o a la sanidad pública tampoco acarrea problemas, el obstáculo surge cuando el Gobierno trata de fichar a personas que proceden del ámbito privado, que suelen ejercer el cargo público relacionado con ese sector que conocen y que tienen un regreso complicado.

En el Gobierno andaluz hay en la actualidad, según el registro público, 303 altos cargos, son el presidente, los consejeros, los viceconsejeros, directores generales, delegados provinciales, secretarios generales y responsables de empresas públicas, y hay tres personas que están cobrando una cesantía por funciones anteriores. Se trata de un ex viceconsejero de Agricultura, un ex director del Instituto Andaluz de la Juventud y el anterior responsable del Centro de Arte Contemporáneo que recibirán un sueldo de la administración durante cinco, 11 y tres meses, respectivamente. La cifra oscila entre los 5.575 euros brutos mensuales del viceconsejero y los 5.022 euros de los otros dos.

Aún hay otra diferencia con la administración central, donde existe una Oficina de Conflicto de Intereses encargada de las inhibiciones y prohibiciones a la que están sometidos los principales cargos. Cuando uno de éstos deja la política, la propia oficina le pide una actualización de sus datos, de los contratos firmados durante ese mandato y le recuerda las restricciones futuras que tendrán en el sector privado. En el caso de Andalucía, no hay ni oficina ni una práctica general, de tal modo que, en los últimos cinco años, sólo se han abierto cuatro expedientes a petición de los interesados, y todos ellos se resolvieron de modo positivo para ellos. No hay ningún precedente como el de Guzmán.

Presidente y consejeros están más cubiertos

El régimen de los presidentes y consejeros de la Junta es diferente. Está igual de afectados por las relaciones que hayan tenido con empresas, pero sus cesantías duran dos años, el tiempo que deben guardar antes de dar el salto al mundo privado. De hecho, en la actualidad hay un ex consejero que está cobrando este salario. Los ex presidentes, además, cuentan con la posibilidad de incorporarse al Consejo Consultivo de Andalucía con una asignación mensual y tienen derecho a seguir contratando a dos personas como asesores.

Las incompatibilidades posteriores al cargo y los salarios, a menudo bajos en comparación con los ejecutivos empresariales, son las principales barreras con las que los gobiernos se encuentran para nombrar a profesionales acreditados por carreras solventes en el sector privado. Nada más llegar a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, reconoció en público cierta frustración por las dificultades para conseguir que profesionales privados dieran el paso a la política. "Tuvimos un Gobierno barato, pero no bonito", ha confesado en alguna ocasión uno de sus consejeros.

No obstante, el salario de los altos cargos de la Junta ha mejorado a partir de diciembre, cuando se aprobó una subida del entorno del 12%; en realidad, una paga más, en vez de 13, serán 14. El salario del presidente quedó en 87.705 euros brutos anuales; los consejeros, 83.752 euros; los viceconsejeros, 79.303; los directores generales, 76.303, y los delegados provinciales, 64.024. Además, un centenar de los 303 altos cargos cobran una ayuda extraordinaria cada mes para pagar la vivienda de alquiler si están trasladados, la suma llega a los 1.500 euros en muchos casos.  

El salario y las incompatibilidades no son el único problema, el mayor recelo surge de la exposición pública al que se somete cualquier político. Desde el mismo día de su nombramiento sabrá que su salario, declaración de la renta y de propiedades quedarán registrados y serán públicos, y además estará expuesto a otro tipo de investigaciones, tanto de los medios como de la oposición.