COAG Andalucía pide la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Medio ambiente
El presidente de la CHG está causando un grave perjuicio a la principal cuenca andaluza, según la organización agraria
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COAG Andalucía ha pedido este miércoles la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ante la "falta de talante, la incapacidad para dialogar y la gestión temeraria que está haciendo de un bien público, permitiendo su mercantilización y provocando un conflicto interno en el seno de las propias las comunidades de regantes".
Según esta organización agraria, el presidente de la CHG está causando un grave perjuicio a la principal cuenca hidrográfica andaluza y, por ende, a toda Andalucía, ya que es uno de los motores socioeconómicos de la región.
Por ello, han solicitado la dimisión del presidente y que el Ministerio de Transición Ecológica dé un giro de timón en la gestión, poniendo al frente de la misma a una persona que priorice el interés de la cuenca y de toda Andalucía, con capacidad de diálogo, con sensibilidad ante la gravedad de la situación y que sea receptiva a los planteamientos de todos los implicados a la gestión.
De esta forma, COAG Andalucía considera que Joaquín Páez no está a la altura de las circunstancias para gestionar la crisis provocada por la pertinaz sequía, que se suma al déficit estructural que arrastra la cuenca del Guadalquivir desde hace años.
Un obstáculo
Para esta organización agraria, Andalucía no se puede permitir que en una situación de emergencia provocada por la falta de agua, el responsable de gestionar la CHG se haya convertido "en un auténtico obstáculo" para poder superar esta crítica situación.
Consideran que, y a diferencia del espíritu de consenso que está imperando entre todas las entidades, organizaciones y asociaciones que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía, "Joaquín Páez se atrinchera en la falta de talante, en su incapacidad para dialogar y en una gestión temeraria que está haciendo de un bien público, permitiendo su mercantilización y provocando un conflicto interno en el seno de las propias las comunidades de regantes".
Por todo ello, en una coyuntura como la actual, la organización agraria pide que se actúe y garantice que la asignación de los escasos recursos disponibles se haga con criterio de interés general de la población, y no mercantilizando un bien público, como establece la Ley de Agua en la que se prevé que la CHG y el Ministerio de Transición Ecológica así lo hagan.
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