En una campaña particularmente sensible desde el punto de vista hídrico, con la capacidad de los embalses andaluces bajo mínimos y en plena polémica por el estado del acuífero de Doñana y de las masas de agua del Parque Nacional, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hizo pública ayer un balance de sus actuaciones con motivo de la conclusión de la campaña de riego de este año. Las actuaciones más destacadas, presentadas dentro de la reunión de la Comisión Permanente de la Sequía, fueron las respectivas órdenes de cierre de un centenar de pozos (de los que ya se ha procedido a la clausura definitiva de 13 sondeos) y 17 balsas que abastecían a un total de 1.904 hectáreas de regadío sin la pertinente concesión por parte de la entidad.

La CHG quiso poner en contexto estas actuaciones dentro de la declaración de sequía extraordinaria que han determinado la puesta en funcionamiento de varios planes de inspección adicionales a los ordinarios y que están destinados a la vigilancia de zonas y cultivos “especialmente sensibles a presuntas captaciones irregulares” y que abarcan una extensión total analizada de 6.400 hectáreas.

Entre estos planes de inspección destaca el llevado a cabo en la comarca de Baza que intenta paliar la extensión excesiva de fincas de regadío de almendro y pistacho y en la que se detectaron 1.088 hectáreas de arboleda regadas de manera ilegal, 15 pozos y 19 balsas que han dado como consecuencia la apertura de 32 expedientes sancionadores y el cierre cautelar de 3 sondeos. En la Sierra de Arana también en la provincia de Granada, que la CHG considera una “masa de especial importancia en el abastecimiento”, se saldó con la localización de 223 hectáreas sin derechos, 9 pozos y 5 balsas ilegales y 12 expedientes.

En la Vega de Sevilla que se centra en la proliferación de cultivos de cítricos en las localidades de Alcolea del Río y Villanueva del Río y Minas, junto con la Guardia Civil han sometido a una inspección a 1.088 hectáreas de las que 143 carecen de la autorización para el riego, al igual que 15 captaciones y dos balsas. En el manantial de Gante en la provincia de Jaén, se han detectado 13 captaciones ilegales que serán objeto de medidas cautelares de precintado de tomas “en los próximos días”. Por último, entre los cítricos de la provincia de Córdoba, se han llevado a cabo más de un centenar de inspecciones, que han derivado en 30 denuncias sobre 450 hectáreas de riego ilegales.

Estos cinco planes de inspección, se suman a los que se llevan a cabo por parte de la Comisaría de Aguas de la CHG en aras al cumplimiento de las concesiones y autorizaciones del dominio público hidráulico que se destinan a garantizar la disponibilidad de los mismos. En lo que llevamos de año, se han elevado ante el organismo, 1.500 informes por un importe total de más de 4 millones de euros.

Al margen del precintado cautelar de cualquier toma ilegal detectada, la CHG sigue con la implantación del cierre “por ejecución forzosa de aquellas captaciones para las que no cabe recurso”. En este apartado y dentro de la campaña de riego recientemente finalizada, se procedió al dictado de la resolución sobre casi un centenar de pozos y hasta 17 balsas ilegales, 13 sondeos de manera voluntaria a los que se sumarán en las próximas semanas otros siete, todos ellos situados en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La previsión del reconocida ayer por la CHG es actuar sobre el resto –80 pozos y 17 balsas– antes de finalizar el presente año.

Fuera de este marco, también se han desarrollado otras actuaciones como la restitución del arroyo La Yedra de la localidad jienense de Baeza por la ejecución de un paso ilegal; el sellado de una captación ilegal en Paterna del Campo en la provincia de Huelva o la eliminación de vallado en zona de servidumbre y policía del río San Juan en Alcaudete en Jaén, entre otras.

Durante la Comisión Permanente de Sequía, que integra a usuarios y representantes de la Junta de Andalucía y la Administración central, se ha dado cuenta de la situación de las obras de emergencia que viene desarrollando el Organismo de cuenca en el marco del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, para paliar los efectos de la sequía.

En la actualidad, la Confederación está movilizando un presupuesto de 16 millones de euros para la ejecución de 13 obras de emergencia. La mejora de la garantía del sistema Colomera-Cubillas mediante la conexión de los pozos de la Vega en Granada está próxima a finalizar y otras tres –la adecuación en el desagüe de fondo de la presa de Giribaile en Jaén; la limpieza y adecuación del canal de alimentación de la estación de bombeo de la presa del Arenoso en Córdoba y la adecuación de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal del Jabalcón en Granada en el embalse del Negratín– finalizarán a principios de diciembre. Las obras restantes concluirán en el primer trimestre de 2024.