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Andalucía

La Consejería de Salud dará garantías a UGT y CCOO de que no habrá privatizaciones

  • El Gobierno andaluz incluirá en el pacto por la Atención Primaria que las empresas concertadas no utilizarán la infraestructura del SAS

  • El SAS tuvo que rectificar la orden

Los consejeros de Presidencia, Medio Ambiente e Industria, este martes en San Telmo.

Los consejeros de Presidencia, Medio Ambiente e Industria, este martes en San Telmo. / Eduardo Briones/EP

Habrá "garantías", escritas sobre papel y rubricadas por el Gobierno andaluz y los sindicatos. Es posible que la Consejería de Salud tenga que volver a rectificar su reciente orden de tarificación de los servicios sanitarios que el SAS concierte con empresas privadas. Los sindicatos firmantes del nuevo pacto social con la Junta -CCOO y UGT- han solicitado que se excluya que estas empresas puedan prestar el servicio por el que se contratan en instalaciones del SAS. El consejero de Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, ha explicado este martes que el nuevo pacto económico y social incluye "concretar un pacto andaluz por la Atención Primaria" y que, en este contexto, se hablará con los sindicatos. "En los próximos días habrá propuestas", ha indicado Sanz.

La modificación puede llevar la forma de una nueva corrección de la orden o la aprobación de otro instrumento administrativo. "Puede ser un decreto, que es superior a una orden", ha apuntado el consejero. La idea del consejero de Presidencia es que el pacto por la Atención Primaria esté firmado en unos meses; en cualquier caso, antes de que finalice el año.

Los sindicatos y la Junta tendrán que firmar un acuerdo con este bloque sobre el SAS. La secretaria general de CCOO, Nuria López, solicitó en el acto de la firma del nuevo pacto social y económico, que se excluyese este apartado de una orden que ya ha sido modificada para acotar los casos en que se externalizarán los servicios de Atención Primaria. Sanz ha dado por hecho que será así. Cuando la consejera de Salud, Catalina García, justificó su orden, explicó que hay comunidades como Extremadura donde se contratan anestesistas privados para que trabajen en intervenciones que se realizan en hospitales públicos. Esto cambiará o será modificado.

Los sindicatos van a seguir adelante con sus jornadas de protestas por la situación de la Atención Primaria. Una de las fechas de movilizaciones es la del 25 de marzo, que de momento se mantiene. "Creo que la propia firma del pacto, donde se incluye la Atención Primaria, es la muestra de la voluntad de alcanzar un acuerdo sobre ese servicio; ninguna duda ha quedado sobre las privatizaciones, otra cosa es que respetemos las movilizaciones", ha indicado Sanz. Para el 25 de marzo, la coordinadora de mareas blancas ha convocado movilizaciones en toda Andalucía.

Antonio Sanz ha subrayado que "en ningún caso, habrá privatización de la sanidad pública, no es no, en ninguno de los casos". Ha adelantado que lo acordado con los sindicatos se cumplirá. La comisión de seguimiento del pacto económico y social ha comenzado a funcionar este mismo martes, el día siguiente de la firma. El principal objetivo de ese futuro acuerdo por la Atención Primaria cuantifica que el 25% del presupuesto del SAS se debe destinar a este servicio.

El consejero de Presidencia, que también lo es de Diálogo Social, ha asegurado que este acuerdo distingue a Andalucía del Gobierno de la nación. "El Gobierno de Juanma Moreno es modelo en toda España, Andalucía es la comunidad más estable y más segura del país", ha indicado Sanz.

El consejero ha participado en la rueda posterior al Consejo de Gobierno. Lo ha hecho junto al consejero portavoz, Ramón Fernández- Pacheco, y el de Industria, Jorge Paradela. El Gobierno andaluz ha defendido  la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el ámbito sanitario desde el inicio de la pandemia y ha anunciado que trabajan en un nuevo sistema centralizado de contratación desde junio -cuando finaliza la última prórroga- para ganar en transparencia. La oposición ha puesto en duda conciertos por valor de 117 millones de euros, que se habrían realizado sin el paraguas de la justificación de emergencia.

Ramón Fernández-Pacheco ha defendido la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el SAS, ya que cuentan con los informes jurídicos y de la intervención favorables, así como la "fiscalización oportuna" de la Cámara de Cuentas. Ha argumentado que el objetivo siempre ha sido "salvar vidas" y que todavía el SAS está pagando "las consecuencias" de la covid-19.

El SAS está "centrado en normalizar esa situación" y por eso trabaja, en el "horizonte de junio", para tener u nuevo sistema de contratación centralizada que permita "optimizar los recursos de todos", ha explicado el portavoz. Ese sistema centralizará todas las contrataciones de bienes y servicios, que hasta ahora se estaban haciendo a través de los hospitales y centros de cada provincia, para así tener "una economía de escala" y apurar "hasta el último céntimo".

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