El Consejo de Estado abordará este jueves el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que tanta controversia ha avivado entre las comunidades autónomas implicadas. El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe "favorable o desfavorable", antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.

La "nueva batalla por el agua" se sitúa a finales del 2022, cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el tercer ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo, y en los que se incluyen los "caudales ecológicos": caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos.

En el plan del Tajo, implantación de dichos caudales significará un recorte del agua a trasvasar del Tajo al Segura lo que supondría, para las cuencas receptoras -Alicante, Murcia y Almería- la pérdida de más de 100.000 empleos y desestabilizar la sociedad del Levante, según datos facilitados por el Sindicato de Regantes (Scrats).

La Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan por considerar que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.

El primer texto de esa disposición ligaba los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental de las masas de agua, aprobado mayoritariamente en dicha reunión del Agua; sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a una nueva redacción del texto, que no fue sometida a debate y votación. El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, criticó este aumento de caudales por entender que se trata de una "decisión política" alejada de las recomendaciones científicas y por o que supone de perjuicio para los agricultores de Almería.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el documento sobre el trasvase remitido al Consejo de Estado es el que fue "respaldado mayoritariamente" en el Consejo Nacional del Agua, donde se logró "un consenso extraordinario en torno a algo que es novedoso" -el caudal ecológico- que se debe respetar porque es legislación, porque hay sentencias, porque se necesita y porque "es un río compartido", aseguró días atrás la ministra.